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Mujeres que han pasado por un aborto, acompañantes y organizaciones coinciden en que los plazos y supuestos establecidos son inadecuados para garantizar este derecho, y, por el contrario, dificultan el acceso seguro a la interrupción del embarazo para las mexicanas.
Pocos días después de la despenalización en el estado de Michoacán en octubre, algunas mexicanas se vieron obligadas a viajar a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo debido a las limitaciones regionales.
En las semanas en que se pudo acceder a este servicio, se facilitó el acompañamiento y apoyo necesario para quienes lo requerían.
“Y el tiempo sigue avanzando”, mencionó la protagonista que decidió cambiar su situación.
Michoacán es uno de los 22 estados que han despenalizado el aborto voluntario, aunque limitado a las 12 semanas de gestación, en comparación con Sinaloa, que permite hasta 13, y Aguascalientes, que lo restringe a seis.
Citlalli pudo viajar a la Ciudad de México para acceder a un aborto, gracias a que redes de apoyo locales la dirigieron al Fondo María de la ONG Balance, donde recibió acompañamiento y apoyo económico; sin ese apoyo, no habría podido realizar un aborto seguro.
En pie de lucha
La Ciudad de México abrió el camino en 2007 al aborto libre hasta el primer trimestre, y en 2025 cumplirá 18 años de operar bajo esta norma.
A pesar de ser legal, el estigma y la falta de capacitación en el personal médico también han sido obstáculos para las capitalinas. Gaby, quien abortó en una clínica pública, vivió esta situación al ser presionada por el médico.
Los médicos y enfermeras intentaron condicionarle el tratamiento al negarse a que le colocaran un dispositivo intrauterino, burlándose después de su decisión.
“Yo sentí que estaba en pie de lucha por mis derechos (…) Creo que muchas mujeres se sienten igual”, afirmó la joven, quien intentó presentar una denuncia ante la autoridad, pero solo encontró desinterés en el proceso.
“Es difícil gritar a mis hermanas por nuestros derechos, todo este sistema patriarcal nos oprime y violenta constantemente”, expuso.
Eliminar el aborto del Código Penal es una de las demandas del movimiento mexicano, que resuena con fuerza desde noviembre pasado, cuando el congreso de la capital estuvo involucrado en el debate.
“Las 12 semanas son insuficientes”, advirtió Gabriela Millán, del Fondo María, señalando que diversas barreras afectan el acceso de manera desproporcionada a las mujeres.
La propuesta continúa avanzando en el ámbito legislativo, “en el momento histórico más significativo que se ha alcanzado”, afirmó Francisco Cué Martínez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
La Iglesia católica ha rechazado que el aborto sea considerado un derecho en México.
Con información de fuentes confiables.
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