El pleito legal de México contra el tráfico de armas sigue su curso. Las autoridades mexicanas y estadounidenses están marcando pautas que buscan mitigar el impacto de la violencia armada, a medida que la administración de Claudia Sheinbaum y su gabinete intensifican esfuerzos para obtener una nueva prórroga en medio de las discusiones propuestas por la Casa Blanca.
La base de las demandas de México incluye un caso que se remonta a agosto de 2021 en la Corte de Massachusetts, que involucra a fabricantes de armas como Glock, Beretta y Smith & Wesson. La cuestión, sin embargo, no es solamente económica; se busca también que estas empresas sean consideradas responsables por el daño que sus productos han causado.
Un juez estadounidense desestimó el primer intento del gobierno mexicano en octubre de 2022, argumentando que existen leyes que protegen a la industria armamentista y le otorgan inmunidad bajo la premisa de seguridad nacional. Aún se espera una decisión sobre este conflicto para mediados de 2025, que podría influir drásticamente en las relaciones entre los dos países.
Aparte del enfoque legal, México también está llevando el tema a la mesa de negociaciones con el fin de enfrentar los desafíos diplomáticos provenientes de Washington, especialmente en relación a la crisis del fentanilo y la organización del crimen. El enfoque del presidente y su equipo apunta a resolver estos temas en los más altos niveles.
Según datos recientes, el 74% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos. Este consenso refleja que la regulación en el país vecino puede ser un factor clave. Pablo Arocha, quien lidera el equipo legal de México, destacó que el pleito puede ser el inicio de un cambio significativo, dado que se están llevando a cabo esfuerzos para demostrar que más de 200,000 fusiles cruzan la frontera de manera ilegal.
John Lindsay Poland, experto en el tema y parte del grupo legal, argumentó que las implicaciones de la demanda podrían ejercer presión sobre la industria armamentista en Estados Unidos. Las afirmaciones indican que la fabricación y distribución de armas deben ser reconsideradas en el contexto de la violencia, lo que podría abrir un debate más amplio sobre la ética y la responsabilidad en este sector.
Alejandro Celorio, quien estuvo al frente del equipo legal de México hasta octubre pasado, expresó que el entorno político actual en EE.UU. es delicado y podría aprovecharse para avanzar en este proceso. La posibilidad de que este juicio establezca un precedente puede influir en cómo se enfrentan los problemas de violencia armada entre ambos países, a medida que se puntualizan los desafíos y oportunidades en este ámbito.
