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Los tribunales de EE.UU. están involucrados en la evaluación de las políticas de inmigración, ya que el gobierno busca limitar el acceso de los venezolanos al Estatus de Protección Temporal.
El Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, rechazó la solicitud de suspender la orden de un juez que permitía la convalidación del Estatus de Protección Temporal a venezolanos hasta que se resuelva el caso.
El panel judicial enfatizó que la administración anterior no demostró que su decisión provocaría un daño inminente, permitiendo así que el estatus legal se mantenga durante la apelación.
Esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno para acabar con el programa, que ha sido una salvaguarda crucial para varios inmigrantes venezolanos.
Un juez dictaminó que los funcionarios podrían enfrentar cargos por desacato si se ignorara su dictamen de suspender las deportaciones de miembros de una pandilla venezolana.
El Noveno Circuito recibió la demanda de la Alianza Nacional TPS, que defiende los derechos de miles de inmigrantes que han estado bajo el estatus de protección.
Aproximadamente 348,000 de los cerca de 600,000 beneficiarios del programa podrían perder su estatus si se implementan los cambios que plantea el actual gobierno.