Se espera el fallo del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
Tijuana, BC. – Hay dos asuntos administrativos pendientes que involucran a personas indígenas.
María Gabriella Monge Pérez explicó que estos casos están siendo tratados en el tribunal estatal de justicia administrativa, vinculado a situaciones específicas.
Es importante mencionar que el 15% de la energía distribuida en Baja California es de fuentes renovables, según informó Gutierrez.
Aunque no se proporcionó precisión sobre el caso, la Secretaría de la Honestidad también está trabajando en investigaciones pertinentes para asegurar la transparencia en dichos trámites.
Resolución sobre el recurso de un exfuncionario
La resolución de este caso es clave, ya que el exfuncionario implicado es de gran relevancia social dentro del ámbito estatal.
Además, es importante destacar que hay investigaciones en curso relacionadas con un monto considerable de recursos públicos, aproximadamente 452 millones de pesos.
“Podemos hablar de lo que corresponde a la vía administrativa; el consejero jurídico aborda el tema de la política, yo me encargo del administrativo, y ya se resolvieron tres casos; los dos restantes están en proceso de resolución”,
Monge Pérez señaló que los dos casos restantes están pendientes de resolución, los cuales involucran al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como a otro exservidor público.
También se están llevando a cabo diversas promociones en torno a estos casos para asegurar la debida atención y resolutivas correspondientes.
Integración de las investigaciones
Es significativo que, dentro de este proceso, la dependencia ha integrado diversas líneas de investigación, que están destinadas a esclarecer los hechos y los responsabilizados en cada caso.
Finalmente, citó que se están estructurando líneas de responsabilidad, lo cual permite una adecuada notificación y convocatorias a los responsables para que comparezcan en audiencias donde se presentan las pruebas correspondientes.
“Estas audiencias se llevarán a cabo por parte de la Secretaría de Honestidad, con la presencia del presunto responsable y su defensa, y por ley, cuando se presentan faltas graves, se tiene un plazo de tres días para remitir todo al tribunal estatal”, concluyó.
Revisión de los dos casos pendientes
La secretaría se compromete a actuar con honestidad y transparencia en la resolución de estos casos, para así garantizar el bienestar de la población afectada.
“Ellos presentan sus asuntos al magistrado a cargo, quien emitirá las resoluciones correspondientes; en este momento se está diligenciando el asunto”, finalizaron.
