En Estados Unidos, la amenaza de deportación pesa sobre los migrantes regulares. Sin embargo, esta amenaza ha tomado una nueva dimensión debido al acuerdo de máxima seguridad en El Salvador.
Desde marzo de 2025, el gobierno de Donald Trump ha deportado de Estados Unidos a 271 migrantes salvadoreños y venezolanos, encaminándolos a un centro penitenciario en El Salvador. Washington argumenta que esto responde a la pertenencia de estos individuos a grupos criminales organizados, como el Tren de Aragua o las maras, pero no ha presentado pruebas contundentes.
Delincuentes e Inocentes
Organizaciones de derechos humanos alertan que entre los deportados hay personas inocentes, sin antecedentes penales. Un caso notable es el de Abrego García, un salvadoreño expulsado como resultado de “un error administrativo”.
Hasta el momento, tanto el presidente estadounidense como su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, se niegan a liberarlo y devolverlo a Estados Unidos. Trump incluso ha sugerido la posibilidad de enviar a delincuentes estadounidenses al mismo centro en El Salvador.
Falta de Información y Transparencia
Los familiares de los deportados desconocen su paradero y situación actual, si realmente están en el centro o en otra prisión en El Salvador, según señala Ana María Méndez Dardón, directora de una organización centroamericana. “Es difícil corroborar las identidades de estas personas,” afirma.
Este acuerdo surgió tras una reunión privada entre el secretario estadounidense Marco Rubio y el presidente Nayib Bukele en febrero pasado.
“Desaparición Forzada”
Irene Cuéllar, investigadora regional de Amnistía Internacional, destaca que no se ha garantizado la comunicación de los deportados con sus familiares. “El acuerdo no ha sido hecho público, y hay violaciones en la rendición de cuentas,” indica.
Asimismo, advierte que el pacto “abre la puerta a la normalización de la violencia institucional como una herramienta de gestión migratoria y control social transnacional”.
Modelo: “Ilegal, Precedente de Sin”
Las provincias del mundo se encuentran bajo una premisa de “Sin Perdones”, comenta Eleanor Rubio, directora de una organización legal. “Las personas son susceptibles a abusos, pero en El Salvador, hay independencia de poderes, y la corte actúa conforme a lo que Bukele desea,” menciona.
Rubio vaticina que el “acuerdo se mantendrá por un largo tiempo”. Tanto Trump como Bukele buscan lanzar un mensaje de que cualquier persona que perciban como enemigo puede ser enviada al centro de Bukele, que funciona como un agujero negro bajo un sistema legal diferente, con el total apoyo de Trump.
Un “Limbo Jurídico”
Asimismo, Roberto López Salazar, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, menciona que los migrantes venezolanos también son parte de este drama en el penal.
La falta de una política clara hace que su destino dependa de la “voluntad política” de las autoridades involucradas. López Salazar enfatiza la necesidad de acción.
“Mientras exista esta confusión y la falta de unidad, la consolidación de leyes y derechos humanos se verá obstaculizada,” concluye.
Por su parte, Ana María Méndez Dardón de WOLA también exige “presión internacional” para que “otros países con presencia del crimen organizado, como Honduras o México,” tomen medidas adecuadas.
“La solución no puede ser imponer encarcelamientos masivos dictados por grandes grupos de poder,” señala, insistiendo en la importancia de abordar el problema desde sus raíces.
