▲ Estas imágenes son del corazón del mundo, mientras que otras provienen de la ciudad. En la imagen, cultivo de hortalizas en Mixquic, Ciudad de México.
Foto Roberto García Ortiz
Antonio Heras
correspondencia
Periódico La Jornada
Jueves 2 de enero de 2025, p. 3
En los valles de Baja California, particularmente en Mexicali y San Quintín, persisten prácticas laborales ilegales que afectan principalmente a los jornaleros agrícolas que proceden de otras partes del país. Estos trabajadores reciben salarios que no contemplan prestaciones sociales, debido a la existencia de la subcontratación, que se ejerce a través de la mano de obra temporal.
Estas situaciones suelen escapar a la detección de los inspectores de trabajo y previsión social, quienes solamente revisan documentos como contratos, nóminas y registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La falta de supervisión adecuada ha creado un entorno propicio para la explotación de los trabajadores, predominando la desinformación y la ausencia de derechos laborales en el contexto agrícola.
Estas irregularidades representan un ciclo problemático, en el que el sistema se basa en acuerdos informales y condiciones laborales precarias que afectan a los jornaleros, campesinos y trabajadores de las rancherías.
Además, el departamento de ciencias del trabajo en el ámbito nacional es prácticamente inexistente, lo que complica aún más vigilancia y el registro de situaciones laborales adecuadas, así como derechos como el aguinaldo y el pago de utilidades.
Los valles de Baja California son críticos en la producción agrícola, con un gran número de trabajadores jornaleros que sostienen la economía de la región.
Las condiciones de transporte son deficientes, haciendo que los jornaleros tengan que formarse durante largos períodos para recibir su salario en efectivo.
El agro en Baja California ocupa el primer lugar en la producción de cebollas, seguido por aceitunas, algodón y fresas, así como un tercer puesto en la producción de uvas y trigo. En San Quintín, se genera el 80% de la producción y exportación agrícola de la región, mientras que en Mexicali, capital del estado, apenas se alcanza el 50%.
La situación agraria requiere urgentemente la consolidación de derechos laborales que fortalezcan la capacidad de los trabajadores para organizarse y defender sus intereses, junto con el establecimiento de un mensaje claro desde la perspectiva de sus necesidades.
