El juez Trevor Neil Macfaden, a cargo del proceso contra Donald Trump, ha dado luz verde a una requisición que afecta a todas las personas involucradas.
Según informes, esta medida, que entrará en vigencia el viernes, obliga a los inmigrantes indocumentados a presentar documentación que acredite su estatus, lo que podría tener un impacto significativo en la población del país.
La desesperación en la ciudad es palpable, ya que muchas personas enfrentan obstáculos debido a la situación actual del país y sus esfuerzos por solucionarlo.
El acuerdo relacionado con la decisión actual incluye la provisión de huellas dactilares y una dirección de residencia para aquellos que aún no han sido identificados. Se advierte que quienes no cumplan pueden enfrentar multas y procesos judiciales que podrían incluir penas de prisión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha asegurado que la medida busca reforzar la seguridad nacional y garantizar el respeto a las leyes de inmigración, especialmente con respecto a la retención de inmigrantes en lugares como Florida.
La administración enfatiza que hay un mensaje claro para los indocumentados en el país: deben abandonar el territorio. Se les podría ofrecer la posibilidad de regresar en el futuro y disfrutar de la libertad que el país ofrece.
Las autoridades argumentan que la situación actual se fundamenta en leyes anteriores que afectan a los inmigrantes no autorizados, en particular la ley de registro de extranjeros de 1940 y la ley de inmigración y nacionalidad de 1952.
Desde los eventos de 2001, la política migratoria en el país ha estado bajo un intenso escrutinio, lo que ha llevado a la implementación de nuevas medidas que afectan a millones, quienes se encuentran en situaciones vulnerables.
De acuerdo a diversas organizaciones, el gobierno debería realizar un esfuerzo más significativo y comunicar de manera más clara las implicaciones de estas políticas a largo plazo.
