La única forma de abordar esta situación es encontrar un espacio donde las personas puedan lidiar con la pérdida de sus vidas.
Esta evaluación es crucial, ya que México se posiciona como un país clave en la migración a nivel internacional, actuando como país de origen, tránsito y destino para migrantes.
El Gobierno de México presentó información destacando reformas legales que garantizan los derechos de las personas migrantes. Francisca Méndez Escobar, representante de la Misión de México ante la ONU en Ginebra, reafirmó el compromiso del Estado Mexicano con la Convención Internacional sobre los Derechos de los Migrantes y se sometió a un escrutinio internacional importante. Lo prioritario es la protección de los derechos de los inmigrantes.
Se subraya que el incremento de la migración irregular es notable. Para 2024, se estima la llegada de 366 mil personas.
Las mujeres representan el 48% de estos flujos migratorios, y se ha observado un incremento de niños y adolescentes, tanto solos como acompañados, así como personas de la comunidad LGBT+.
Estos migrantes suelen abandonar sus lugares de origen debido a la pobreza, la falta de oportunidades, fenómenos naturales, la búsqueda de reunificación familiar, así como la violencia e inseguridad. El Gobierno de México ha implementado medidas para apoyar a los connacionales detenidos en Estados Unidos, especialmente en el contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
Durante la evaluación, se discutieron los programas de protección a migrantes impulsados por la defensa nacional, la Marina y la Guardia Nacional, así como la intervención de las fuerzas de defensa del país.
Las conclusiones de la evaluación incluyen la necesidad de programas sociales, la regularización de la migración laboral, y el fortalecimiento de la seguridad y la protección de derechos.
Además, organizaciones civiles han presionado para implementar un plan alternativo que destaque la importancia de la lucha por derechos. Estas organizaciones señalan que, aunque México ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover la igualdad laboral y la protección de derechos, aún se deben respetar derechos fundamentales como el pago de horas extras y la libertad sindical.
