El Tribunal Constitucional (TC) de Chile destituyó este jueves a Isabel Allende Bussi, quien se encontraba en el cargo de senadora, en el marco de un proceso relacionado con la Ley de Transparencia. El fallo se emitió en el contexto de una controversia que involucra la propiedad denominada “Guardia Vieja”, ubicada en el municipio de Providencia, Santiago de Chile. Este sitio es significativo, ya que el gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, intentó adquirirlo para convertirlo en un museo en memoria de Salvador Allende, líder de la Unidad Popular (UP). La familia Arende, herederos de Allende, se mostró dispuesta a vender la propiedad, pero el proyecto no se concretó.
La decisión del TC fue criticada por miembros de la oposición, quienes expresaron su desacuerdo con el proceso. Los jueces que votaron en contra de Isabel Allende incluyen a la presidenta, Daniela Marzi, y Nancy Yáñez, ambas nombradas por el presidente Boric en 2022. La acción del tribunal respondía a un requerimiento presentado por el Partido Republicano y el conglomerado Chile Vamos, que representaban a la derecha tradicional.
Maya Fernández Allende, sobrina de Isabel Allende y exministra de Defensa, quien dejó el cargo el pasado 10 de marzo, defendió la importancia de la memoria de su familia y expresó su apoyo a la senadora destituida. Isabel Allende es reconocida por su trayectoria política y su compromiso con la democracia, lo que resuena en la historia del país. A pesar del fallo, Fernández afirmó que la memoria de Allende perdura intacta.
El rechazo al fallo también llegó por parte de Carolina Tohá, candidata presidencial y exministra en el gobierno de Boric, quien lamentó las implicancias negativas del fallo en una figura emblemática como Isabel Allende. Tohá enfatizó que, aunque se respeta la decisión judicial, es triste que se haya llegado a tal punto.
Desde la oposición, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, insistió en que la Constitución debe ser respetada y que el gobierno no acató las leyes en este caso. Matthei subrayó que la situación generó una falta de respeto hacia el marco legal, abogando por la importancia de mantener la integridad constitucional.
En cuanto a la compra de la propiedad, se mencionó que el gobierno había intentado adquirirla por un monto de 1.300 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares), pero la transacción se detuvo pocas semanas después. El gobierno de Boric decidió no seguir adelante con la compra, citando la complejidad de la propiedad compartida entre los herederos de Salvador Allende.
Menos de una semana después de la suspensión de la compra, el presidente Boric solicitó la renuncia de Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, miembro del Frente Amplio, su propio partido político, lo que demuestra las complicaciones que enfrentó la administración relacionada con este tema sensible.
