El pasado 17 de diciembre de 2024, la libertad de Martínez, conocido como “El Contador”, fue cuestionada debido a su condena por delitos graves.
Este individuo se encuentra actualmente en prisión, cumpliendo una pena por diversos cargos relacionados con el crimen.
Las autoridades federales han llevado a cabo investigaciones exhaustivas en su contra y han presentado solicitudes para su extradición.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha estado al tanto de la situación y recientemente emitió un comunicado. Sin embargo, al momento de solicitar la autorización para el trámite de extradición, “El Contador” ya había sido liberado por un juez.
José Alfredo Cárdenas Martínez ha sido señalado como socio del Cártel del Golfo, organización criminal ubicada en Tamaulipas, involucrada en el tráfico de drogas. Es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel, quien fue detenido en 2003 y extraditado en 2007 a Estados Unidos.
El juez Gregorio Salazar Hernández, perteneciente al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, decidió modificar la medida de prisión a petición de la defensa, cuestionando la base legal para la detención mientras está en proceso de extradición.
Durante una audiencia de más de siete horas en el penal de Almoloya de Juárez (El Altiplano), el juez determinó que la fiscalía no presentó suficientes pruebas que justificaran la prisión preventiva del acusado en este contexto.
El mismo juez también señaló que no había riesgo de fuga, por lo que optó por imponer medidas cautelares, incluyendo una garantía de cinco millones de pesos y una restricción de salida del país sin autorización judicial, así como el uso de un brazalete electrónico, aunque estas condiciones no se han cumplido adecuadamente.
El 13 de marzo, un juez en el Estado de México rechazó la oposición a la extradición, lo que permitiría a las autoridades estadounidenses tomar posesión del acusado.
Tras la liberación de “El Contador”, la FGR inició un procedimiento en contra del juez Salazar, quien es acusado de emitir resoluciones que favorecieron indebidamente al imputado. En 2024, el fiscal Alejandro Gertz Manero se opuso a esas decisiones judiciales.
En la audiencia, el juez tomó una decisión, que fue impugnada de inmediato. La FGR argumenta que se debe actuar conforme a los principios de justicia.
El 21 de enero de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió una suspensión al juez Salazar, permitiendo que se llevara a cabo la investigación iniciada por la FGR. Desde noviembre de 2021, el Distrito de Texas ha mantenido una acusación formal contra “El Contador” por nueve cargos federales, incluyendo tráfico de cocaína, metanfetamina y lavado de dinero.
