El 11 de septiembre de 2024, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, quien se define como progresista, ha emergido como una figura opositora al presidente Andrés Manuel López Obrador. La Corte se encuentra en desacuerdo con el gobierno sobre una reforma judicial que busca específicamente limitar el mandato de los magistrados, un tema que ha generado controversia y protestas en el país.
Organizaciones y miembros de la coalición gobernante, Morena, critican a Piña, alegando que sus posiciones son corruptas y desconectadas de la realidad cotidiana de los ciudadanos. La presidenta de la Corte, por su parte, expresa que esta reforma podría atacar la separación de poderes y los principios democráticos, y cuenta con el apoyo de la oposición, varias asociaciones de abogados y el gobierno de Estados Unidos.
Piña, a sus 64 años, se enfoca en las críticas que enfrenta el sistema judicial y el papel que juegan los jueces en la resolución de conflictos. En una entrevista con BBC Mundo, destaca que es fundamental discutir las bases de un sistema judicial que verdaderamente sirva al pueblo y que aborde las irregularidades existentes. Considera que la reforma no alcanza a atacar el problema de fondo, que radica en los procesos judiciales locales y no en la cúspide del sistema.
El sistema propuesto para elegir a los jueces mediante voto popular, aunque suena democrático, plantea dudas sobre su efectividad. Piña menciona que la selección de magistrados no debería depender del azar, sino requerir preparación y conocimiento específico, ya que la justicia debe ser una profesión con altos estándares y no una suerte de elección aleatoria.
La problemática de la justicia penal en México está ligada a niveles altos de impunidad y corrupción. Con un 90% de los casos sin resolver, la población siente desconfianza hacia el sistema y teme reportar delitos, lo que perpetúa el ciclo de injusticia. La propuesta actual de reforma parece enfocarse únicamente en cambios superficiales, dejando de lado las raíces de la débiles condiciones del sistema judicial.
La presidenta Piña sostiene que cualquier intento real de reforma debe pasar por un diálogo sincero y no simplemente imponerse desde el poder ejecutivo, subrayando la necesidad de un enfoque más integral que contemple el acceso a la justicia y la formación adecuada de los jueces. Con la incertidumbre que rodea el futuro de la reforma, la sociedad mirará atentos el desarrollo de este debate crítico para la democracia en México.
Es esencial abordar la realidad del sistema judicial mexicano, así como la falta de confianza de los ciudadanos en el mismo, para lograr un cambio significativo y duradero que verdaderamente beneficie a la población y sus derechos.
