El Congreso del Estado de Baja California, a través de su Presidente Unani Midado, aprobó el dictamen 52 de la Comisión de Hacienda, lo que permitirá asignar 807.20 pesos al XXV Ayuntamiento de Tijuana. En la sesión del 13 de marzo de 2025, no hubo oposición por parte de ningún diputado de la oposición. Esto se da en un contexto donde las provincias del país también presentan retos significativos.
Tijuana ha enfrentado un aumento preocupante en la criminalidad, con más de 46 mil delitos registrados en 2024. Daylín García reportó 3 mil 133 delitos, incluyendo 133 homicidios, destacando la valentía de Ismael Burgueño al afrontar la grave situación de inseguridad en la región.
Por otro lado, la diputada panista y actual líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorgera Mos Hernández, propondrá el uso de fibra óptica para mejorar la conectividad en las cámaras de la ciudad, buscando eficientar la comunicación y operación.
El diputado de MORENA, Danny Fider Mogo Goll Pérez, se refirió a un contrato que tiene como objetivo mejorar el servicio exterior y garantizar una mejor calidad en las funciones municipales.
En la misma sesión, el Congreso local aprobó varios dictámenes (53, 54, 55, 56 y 57), que permitirán la instalación de servicios en las delegaciones de L. Rodríguez, La Presa Este y San Antonio de Los Buenos.
Esto incluye un plan plurianual para el arrendamiento de servicios integrales de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de vialidades, así como otro contrato para la renta de maquinaria y equipo para las delegaciones. También se contempla la renta de 129 camiones recolectores de residuos sólidos, con el objetivo de garantizar un 95% de efectividad en el servicio de recolección de desechos en la ciudad.
Finalmente, fue aprobado el dictamen 59, que añade artículos transitorios a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Tijuana para el período 2022-2027. Este dictamen establece el pago del 100% de derechos por trámites relacionados y eximen a las personas físicas y morales que estén debidamente registradas en un programa específico del pago de derechos por la expedición y venta de bebidas alcohólicas, con una reducción de hasta el 80% en ciertos casos.
