Se celebran 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas (17 de octubre de 1953), un hito que adquiere mayor relevancia con la llegada de la Dra. Claudia Sheinbaum como la primera mujer en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La frase “No llegué sola, llegamos todas” refleja una realidad positiva, ya que, tras la reforma constitucional, actualmente contamos con 13 gobernadoras en funciones y 251 diputadas, de las cuales el grupo parlamentario de Morena representa el 58% (146 legisladoras morenistas); además, 63 senadoras forman parte de la Cámara Alta y 27 entidades federativas cuentan con congresos paritarios.
Sin embargo, a pesar de estos logros, la lucha feminista aún no ha concluido. La exclusión se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, la falta de financiamiento equitativo y los intentos por limitar nuestros derechos continúan alimentando prácticas patriarcales.
Las violencias de género son un tema crítico que, de no ser erradicado, actúa como un obstáculo para fortalecer la democracia y garantizar la igualdad sustantiva.
Aunque se han registrado avances en la lucha contra la violencia política por razones de género, es necesario abordar ciertas lagunas que aún permanecen. Por ello, se requiere fortalecer los marcos legales para asegurar mecanismos de denuncia más accesibles y eficaces, así como implementar sanciones más severas y brindar protección inmediata a las víctimas, además de fomentar una mejor coordinación entre las instancias electorales.
Es fundamental limitar el número de obstáculos que enfrenta el acceso de las mujeres a espacios de decisión. Asimismo, la invisibilización y minimización de su labor constituyen formas de violencia que deben ser erradicadas.
Es crucial reconocer que la eliminación de la violencia política e institucional requiere un esfuerzo constante y coordinado. No basta con las declaraciones; se necesita un compromiso real por parte de quienes ejercen el poder para lograr un cambio significativo en México.
Los efectos del miedo y la intimidación siguen obstaculizando el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Transformar las instituciones y garantizar que la acción política se decida de acuerdo a la ley es necesario para que esta se convierta en una realidad tangible.
El compromiso colectivo es esencial para que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente y avanzar hacia una sociedad más equitativa.
Por Gabriela Jiménez Godoy, Diputada Federal y Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.
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