El 21 de marzo, la Secretaría de Salud de Baja California (Sedesa) llevó a cabo una intensa operación de vigilancia en Tijuana, donde los agentes lograron interceptar a un individuo que transportaba miles de pastillas de fentanilo.
La persecución comenzó cuando los oficiales de la FESC realizaban rondines por la Calzada Castellón en Mexicali. Un automovilista se acercó a ellos para solicitar apoyo con un vehículo blanco de la marca Volkswagen que había chocado minutos antes.
Los oficiales, tras recibir la denuncia, se involucraron en la búsqueda del vehículo. Durante la operación, se detectó que el automovilista bajo sospecha estaba en posesión de una gran cantidad de la droga peligrosa.
Finalmente, los agentes lograron detener al sospechoso y asegurarle cerca de 15,000 pastillas de fentanilo, un medicamento altamente regulado cuyo uso indebido puede ser fatal.
Según Rosa E. Hernández, responsable del control fronterizo, la operación forma parte de un esfuerzo más amplio denominado Apolo, que busca contener el tráfico de drogas que cruza las fronteras, desde Baja California hasta Tamaulipas.
Sin embargo, el tráfico de fentanilo no es la única preocupación para las autoridades de ambos países. Otro problema significativo es el aumento en la demanda de ayuda relacionada con el consumo de opioides, ya que se informó un incremento del 55% en las solicitudes de asistencia al Instituto contra las Adicciones (IMCAD) de Tijuana durante el año pasado.
Datos de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) revelan que en 2022, se atendieron a 145 personas en Baja California por adicción al fentanilo, lo que subraya la gravedad del problema.
En resumen, el 2022 se cerró con un balance de 638 casos de adicciones, el doble de los registrados en años anteriores, lo que indica una creciente crisis de salud pública en la región.
