Durante la administración de Trump, la presidencia se convierte en un espacio donde los canadienses pueden residir en Estados Unidos.
A partir del 11 de abril, entra en vigor un nuevo proyecto de ley que amplía los requisitos de registro y la recolección de huellas dactilares de los extranjeros que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y que permanecen en Estados Unidos por más de cierto tiempo. Los afectados deberán crear una cuenta en el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos y agendar una cita para la toma de huellas dactilares.
Este cambio podría impactar a decenas de canadienses que se encuentran en territorio estadounidense.
Según el anuncio, se aceptarán otros formularios, incluyendo el documento de viaje común I-94, en lugar del requisito anterior. Este documento se emite regularmente a los visitantes no inmigrantes que ingresan a Estados Unidos por vía aérea o marítima.
Al llegar a la cúspide de su vida, el momento de visita se convierte en crucial para los canadienses. Estados Unidos, en general, es un destino popular para personas de todo el mundo y Canadá es una fuente importante de importaciones de aluminio para este país.
Trump busca implementar cambios en la ley de inmigración y nacionalidad
Los servicios federales de inmigración están bajo una mayor vigilancia, lo que genera un escenario en el que se prioriza la aplicación de leyes específicas sobre otras.
Esta ley, que hasta ahora no se ha aplicado de manera efectiva, genera inquietudes sobre su futuro. Trump emitió una orden ejecutiva en su primer día de mandato, ordenando que las personas se registren ante el gobierno según esta normativa.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, mencionó en un comunicado en febrero que “aplicaremos las leyes que consideremos necesarias”. El DHS y la Casa Blanca son los que gestionan estas decisiones.
Las sanciones familiares históricas han dejado un impacto profundo en las comunidades afectadas por estas normativas.
