El Gobierno de Estados Unidos está intensificando su lucha contra los cárteles de la droga en México a través de una colaboración estrecha con la Red de Delitos Financieros (FinCEN), que supervisa el sistema financiero del país vecino del norte.
El 11 de marzo, la información revelada por FinCEN destacó la participación de diversas entidades y estados involucrados en esta problemática.
En un acuerdo con FinCEN, se determinó que 30 códigos postales han sido identificados en un rango de entre 200 y 10,000 dólares en transacciones sospechosas relacionadas con servicios monetarios.
La emisión de esta orden de restricción subraya nuestra preocupación por los riesgos que presenta el sistema financiero estadounidense relacionados con los cárteles y narcotraficantes, según declaraciones de Scott Best, un representante de FinCEN.
La orden no exime a las empresas de continuar cumpliendo con la obligación de reportar distintos tipos de transacciones cuando estas superen el umbral de 10,000 dólares.
Las empresas de servicios monetarios en Estados Unidos, como Western Union, MoneyGram o Wise, ofrecen servicios recientes de transmisión de dinero y cambio de divisas, por lo que esta medida puede tener un gran impacto en su funcionamiento.
“Esta medida se está implementando para promover los esfuerzos en la lucha contra la financiación ilícita por parte de los cárteles de drogas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos”, se indicó en un comunicado oficial.
Acciones Contra Los Cárteles Mexicanos
En enero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que clasifica a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, incluyendo a estos grupos en la lista de terrorismo nacional.
Los cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, y el Cártel del Golfo, entre otros.
De acuerdo con FinCEN, estas designaciones permitirán al Gobierno de Estados Unidos tomar medidas adicionales para restringir las operaciones y entidades asociadas con estos grupos delictivos.
