Denuncian abandono institucional en jornada nacional de búsqueda en Baja California
Colectivos como Una Nación Buscándote y Ponte en Nuestras Botas Baja California señalaron graves deficiencias logísticas y de seguridad durante la reciente brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas realizada en la entidad. Pese a que el evento fue notificado oficialmente desde mayo con participación de familias de todo el país, las autoridades estatales y municipales no garantizaron condiciones básicas como alimentación, hospedaje, traslados ni resguardo policial, argumentando inicialmente falta de presupuesto y derivando después la responsabilidad a los ayuntamientos.
Riesgo extremo y omisión de auxilio en operativo de campo
El episodio más crítico se registró en un predio donde las buscadoras aguardaron cerca de cuatro horas por autorización de ingreso debido a discrepancias interinstitucionales sobre los permisos y la titularidad del terreno. Ante la negativa de corporaciones policíacas a acompañarlas, las madres recorrieron aproximadamente cuatro kilómetros sin agua ni protección; en dicho sitio se contabilizan 16 hallazgos previos, lo que agrava la vulnerabilidad de las participantes.
Déficit alimentario resuelto mediante solidaridad ciudadana
La activista Angélica Ramírez denunció que 16 madres buscadoras que realizaban labores de búsqueda en vida en Tijuana quedaron sin víveres. La respuesta oficial indicó inexistencia de recursos suficientes, limitando el apoyo municipal a 700 pesos. Finalmente, la manutención y los insumos de higiene y seguridad se cubrieron gracias a donaciones y aportaciones de la ciudadanía, evidenciando la falta de previsión gubernamental.
Resultados positivos pese a la adversidad operativa
No obstante las carencias, la jornada arrojó resultados concretos: nueve positivos en campo y cinco positivos en vida. Además, permanecen en proceso de verificación dos posibles coincidencias en centros penitenciarios y otros dos casos en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), correspondientes a personas originarias de Guanajuato y Guerrero.
Presiones para silenciar las irregularidades documentadas
Ramírez acusó haber recibido advertencias directas por parte de una subsecretaria estatal para evitar la difusión pública de las fallas organizativas. La funcionaria habría condicionado el apoyo futuro —específicamente la disponibilidad de albergues para el próximo año— a que los colectivos se abstuvieran de ofrecer conferencias de prensa o denunciar lo sucedido, configurando un posible acto de intimidación.
Exigen intervención de organismos defensores de derechos humanos
Ante las presuntas omisiones y los riesgos enfrentados, la buscadora solicitó la intervención de los organismos de Derechos Humanos estatal y nacional para documentar lo ocurrido. La finalidad es crear un registro oficial que obligue a las autoridades a rendir cuentas y a modificar los protocolos de atención a las brigadas de búsqueda.
Siete años de exigencias ignoradas por administraciones sucesivas
La integrante del colectivo recordó que esta es la séptima ocasión consecutiva en que participan en estas jornadas nacionales sin que se atiendan las demandas estructurales. Exigió que las próximas administraciones municipales y estatales destinen partidas presupuestales específicas para garantizar transporte, alojamiento, alimentación y seguridad. “Son siete años pidiendo las mismas gestiones y la misma coordinación”, enfatizó, subrayando que no se requieren instalaciones lujosas, sino el cumplimiento de estándares mínimos de protección para quienes buscan a sus seres queridos.