Repunte del 23.4% en la vinculación de adolescentes al sistema de justicia en Baja California
Durante el presente año, el registro de menores de edad vinculados al sistema de justicia para adolescentes en Baja California experimentó un incremento del 23.4%, al pasar de 384 casos en 2025 a 474 en 2026, lo que representa 90 expedientes adicionales. Así lo dio a conocer Estefanía Campos García, presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, quien alertó sobre la tendencia creciente en la participación de jóvenes en procesos penales.
Endurecimiento de penas y necesidad de prevención integral
La especialista subrayó que el endurecimiento de las medidas de internamiento, por sí solo, no resolverá la incidencia delictiva juvenil. Aunque existe una propuesta legislativa para ampliar de cinco a diez años el periodo máximo de privación de libertad para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves —retornando al esquema que regía en la entidad antes de la homologación de la Ley Nacional—, Campos García enfatizó que esta medida debe ir acompañada de estrategias que ataquen las causas estructurales de la delincuencia.
Atención temprana y seguimiento post-internamiento
La abogada señaló que la intervención debe iniciar desde la infancia, involucrando a las familias, garantizando acceso a la educación, acompañamiento psicológico y la generación de oportunidades de desarrollo alejadas de entornos criminales. Además, insistió en que la reinserción social no puede concluir al salir del centro de internamiento, sino que requiere una ruta de seguimiento continua con alternativas educativas, laborales y sociales que eviten la reincidencia, métrica que actualmente carece de cifras consolidadas en el estado.
Perfil de la población interna y perspectiva de género
De acuerdo con los datos expuestos durante el foro celebrado en la Canaco Tijuana, aproximadamente el 92% de los adolescentes recluidos en centros de internamiento son varones. Esta disparidad de género evidencia la urgencia de diseñar políticas públicas diferenciadas que atiendan las necesidades específicas de esta población mayoritariamente masculina.
Preocupación por la delincuencia en infancias tempranas
Aunque el sistema de justicia para adolescentes aplica medidas de internamiento a partir de los 14 años, la presidenta de la barra expresó su preocupación por la vinculación de menores de entre 11 y 13 años con delitos de alto impacto, así como por el riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos organizados. Esta situación refuerza la necesidad de robustecer los mecanismos preventivos y de protección integral desde edades tempranas.
Coordinación interinstitucional para la protección de derechos
En el contexto regional, representantes de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Noroeste se reunieron en Tijuana para establecer acuerdos interestatales. Paralelamente, los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas aprobaron en agosto medidas para fortalecer la impartición de justicia en beneficio de la adolescencia, lo que refleja un esfuerzo coordinado entre órdenes de gobierno.
Llamado a estrategias basadas en evidencia y continuidad
Estefanía Campos García concluyó que la autoridad debe implementar una ruta verdadera de monitoreo para garantizar que los jóvenes mantengan acceso a los sistemas de apoyo tras su liberación. La falta de estadísticas precisas sobre reincidencia dificulta dimensionar la efectividad de los programas actuales, por lo que la evaluación constante de resultados se vuelve indispensable para corregir el rumbo de la política criminal juvenil en la entidad.