Inversión insuficiente en la primera infancia para 2025
Durante 2025, México destinó 216,560 millones de pesos a la atención de niñas y niños menores de seis años, cifra que representa el 0.61 % del PIB y el 2.53 % del gasto público total, de acuerdo con un análisis de Promotora Social México y el Pacto por la Primera Infancia. Este nivel de financiamiento permanece lejano al estándar internacional que sugiere asignar al menos el 1.5 % del PIB para cubrir servicios esenciales en esta etapa, a pesar de la evidencia que indica que cada peso invertido en desarrollo infantil puede rendir hasta trece veces su valor en beneficios económicos futuros.
Principales brechas en el bienestar infantil
El estudio advierte que el crecimiento presupuestario no ha sido lineal ni sostenido, pues se registraron periodos de contracción que dificultaron la continuidad de los programas. Actualmente, cuatro de cada diez infantes menores de seis años viven en situación de pobreza y una proporción análoga carece de acceso a servicios de salud; además, prácticamente la mitad está expuesta a métodos de disciplina violenta. La insuficiencia de recursos impacta directamente en la calidad y disponibilidad de las prestaciones básicas, restringiendo las ventajas sociales y económicas a largo plazo.
El rezago financiero frente a estándares regionales
Para alcanzar la meta internacional del 1.5 % del PIB, el país requeriría movilizar aproximadamente 313,000 millones de pesos adicionales. Aunque el gasto público en esta materia ha aumentado en años recientes, México continúa rezagado frente a naciones como Perú (1.6 %), Colombia (0.83 %), Chile y Guatemala (0.8 % cada una). Una falla estructural detectada es el subejercicio presupuestal combinado con una distribución inequitativa: pese a que la primera infancia constituye el 32 % de la población objetivo, apenas recibe el 19 % del presupuesto efectivamente ejercido.
Hacia una gobernanza estratégica y sostenida
El análisis recomienda replantear el gasto en primera infancia como una inversión estratégica y permanente, superando la visión meramente asistencial. Resulta fundamental fortalecer la gobernanza, la coordinación interinstitucional y la eficiencia en la ejecución del gasto. La mejora de los sistemas de información permitiría identificar a los menores no atendidos y focalizar los recursos públicos con mayor precisión, evitando retrocesos derivados de los ciclos políticos o cambios de administración.
Consecuencias de la baja inversión para el desarrollo nacional
El financiamiento limitado restringe el acceso a servicios esenciales de salud, educación y protección social para millones de niñas y niños, afectando su desarrollo integral. Esta carencia reduce los beneficios proyectados a futuro, como el incremento de la productividad laboral y la disminución de costos asociados a la salud pública y la justicia penal, hipotecando el capital humano del país.
Contexto macroeconómico actual
El entorno económico muestra un crecimiento del PIB del +2.0 % anual al segundo trimestre de 2026, según datos del INEGI. Este escenario brinda una ventana de oportunidad para ampliar el espacio fiscal y redireccionar recursos hacia la infancia, priorizando la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto.
Metodología y fuentes del análisis
El presente reporte fue elaborado por la Redacción de Columna Digital con base en información de Expansión y el Banco de Indicadores del INEGI. La nota fue contrastada al momento de su publicación y se actualizará en caso de que nuevas fuentes aporten datos diferenciados; durante su preparación se emplearon herramientas de inteligencia artificial bajo supervisión editorial para el procesamiento de datos y redacción.
