Denuncias por vertido de aguas residuales en San Quintín
Desde hace más de un año, habitantes de la colonia Santa Fe de Braulio Maldonado, en el municipio de San Quintín, denuncian el impacto ambiental y sanitario derivado de la descarga de aguas residuales en un predio cercano. Vecinos, que prefieren el anonimato por temor a represalias, señalan a empresas locales —incluyendo compañías reconocidas en la región— como responsables de estos vertidos, los cuales generan olores fétidos perceptibles a kilómetros de distancia y una alarmante proliferación de insectos, poniendo en riesgo la salud de familias, adultos mayores y la sanidad de los cultivos agrícolas aledaños.
Omisión gubernamental y riesgos para el acuífero
La gravedad de la situación motivó oficios formales remitidos en septiembre y noviembre de 2025 a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como al Ayuntamiento de San Quintín. En los documentos, que incluyen coordenadas exactas del sitio cercano al rancho “La Trinidad”, se advierte sobre la posible contaminación del acuífero local y se menciona un pozo clausurado previamente por presencia de E. coli, elevando el temor a brotes gastrointestinales y respiratorios; sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han intervenido directamente y el predio sigue operando sin restricciones.
Nuevo marco normativo local sin aplicación aparente
El 28 de noviembre de 2025 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente para el Municipio de San Quintín, el cual faculta a la autoridad municipal para vigilar el uso de suelo, evitar la contaminación por aguas residuales a cielo abierto y mantener actualizado el Registro Municipal de Aguas Residuales vinculado a la SEMARNAT. Pese a esta herramienta legal, el titular de la Dirección de Ecología Municipal, Fernando Molina, solo refirió una coordinación interinstitucional futura sin detallar acciones inmediatas, mientras que CONAGUA no emitió respuesta al cierre de la edición periodística.
Competencias dispersas y falta de inspección efectiva
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS), a cargo de Elvia Martínez Santos, reconoció no contar con facultades de inspección y supervisión —atribuciones que corresponden a la Procuraduría de Protección al Ambiente—, limitándose a consultar el estatus de las denuncias. Esta fragmentación de competencias, sumada a la inacción de la Dirección de Administración Urbana Municipal —que desde junio de 2025 analiza una solicitud para una planta de tratamiento en el predio—, mantiene el vacío de autoridad en la zona.
Postura de la empresa señalada y trámites pendientes
Ante los señalamientos públicos, Vector Servicios de Drenaje, una de las empresas identificadas, emitió un comunicado asegurando cumplir con la normatividad municipal, estatal y federal, incluyendo permisos de uso de suelo y transporte de residuos. La firma reconoció que “existe trabajo por hacer” y afirmó continuar invirtiendo y tramitando ante las dependencias competentes la regularización total de sus operaciones, aunque el predio sigue recibiendo descargas mientras se resuelven los procedimientos administrativos.
Déficit estructural de saneamiento en la región
El conflicto expone una problemática de fondo: el rezago histórico de San Quintín en infraestructura de drenaje sanitario. La ausencia de una red integral obliga a miles de familias a depender de fosas sépticas que, al colapsar, generan focos de infección y obligan a los hogares a costear servicios privados de desagüe con pipas, lo que representa una carga económica significativa y perpetúa el ciclo de contaminación ambiental.
Exigencia ciudadana de legalidad y salud pública
Los denunciantes insisten en que no buscan desprestigiar a las empresas, sino exigir el cumplimiento estricto de la ley y la protección de la salud colectiva. La percepción de olores a seis kilómetros de distancia y la evidencia gráfica de acumulación de plásticos y descargas a cielo abierto subrayan la urgencia de una intervención inmediata y coordinada entre los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y la seguridad hídrica del valle agrícola.
