Linaje político y jurídico de la familia Gómez Mont
El apellido de Inés Gómez Mont trasciende el ámbito del espectáculo para arraigarse en la historia política y jurídica de México. Su abuelo, Felipe Gómez Mont, figura como uno de los fundadores e ideólogos del Partido Acción Nacional (PAN) en 1939. Además, el clan ha preservado su influencia en los círculos legales a través del prestigioso despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, consolidando una red de litigantes con amplia trayectoria en tribunales federales y defensa penal de alto perfil.
Trayectoria de los tíos en la función pública
Dos de sus tíos ocuparon cargos relevantes durante la administración de Felipe Calderón. Fernando Gómez Mont Urueta, reconocido penalista, encabezó la Secretaría de Gobernación (SEGOB) entre 2008 y 2010, tras el fallecimiento de Juan Camilo Mouriño; previamente había sido diputado federal por el PAN. Por su parte, Miguel Gómez Mont Urueta dirigió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de 2006 a 2010, tras una larga carrera en el sector privado como fundador de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI) y directivo de Corporación GEO.
Detención en Florida y cargos imputados
El pasado 30 de octubre, la exconductora de Ventaneando fue aprehendida en Florida tras permanecer cinco años como prófuga de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada. Su captura reactivó el interés mediático sobre el expediente que la vincula a una red de desvío de recursos públicos.
Estrategia de defensa a cargo del despacho familiar
La representación legal formal recae en sus primos, los abogados Pablo y Felipe Gómez Mont, socios del bufete familiar. El propio Fernando Gómez Mont confirmó en entrevista con Adela Micha su participación en la estrategia jurídica, aunque sin “responsabilidad profesional” formal, y anunció la búsqueda de la reparación del daño. Este movimiento buscó matizar los señalamientos públicos sobre un supuesto amparo político hacia su sobrina.
Intento fallido de conciliación fiscal en 2019
Antes de la escalada a instancias federales, la defensa intentó cerrar la vía penal mediante un pago voluntario de 13.5 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por inconsistencias en el Impuesto sobre la Renta (ISR) de 2016. Sin embargo, la FGR desconoció el acuerdo fiscal y reclasificó la investigación bajo la figura de delincuencia organizada, lo que eliminó la posibilidad de criterios de oportunidad, fianza o suspensión provisional mediante amparo.
El núcleo de la acusación: contratos penitenciarios y empresas fantasma
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala a Víctor Manuel Álvarez Puga, pareja de la conductora, como operador de una red de despachos factureros. El expediente documenta el presunto desvío de 2,950 millones de pesos provenientes de contratos de seguridad asignados al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la SEGOB. Dichos convenios, adjudicados en 2016 a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para interconectar siete penales federales, fueron catalogados como simulados, operando la proveedora como empresa fantasma.
Triangulación de recursos y proceso de extradición
Las auditorías determinaron que los fondos destinados a centros penitenciarios se triangularon mediante más de 1,400 operaciones bancarias hacia empresas fantasma antes de llegar a cuentas personales y mercantiles del matrimonio. En noviembre de 2018, el Comité de Transparencia de la SEGOB clasificó los contratos bajo reserva por cinco años alegando seguridad nacional, retrasando la judicialización. Actualmente, Gómez Mont enfrenta un proceso de extradición desde Estados Unidos que pondrá a prueba la solidez del expediente formulado por la FGR.
