Juzgado federal en Mexicali rechaza suspensión provisional a exesposo de la gobernadora
El Juzgado Segundo de Distrito en Baja California, con sede en Mexicali, negó la suspensión provisional solicitada por Carlos Alberto Torres Torres, ex cónyuge de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro del juicio de amparo indirecto 1161/2026. El empresario y político buscaba frenar su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el congelamiento de sus cuentas en Banco Mercantil del Norte (Banorte), medidas derivadas del acuerdo 471/2026 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Origen internacional de las sanciones financieras
La inmovilización de los activos responde a una determinación extraterritorial: la publicación del 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dicha autoridad incluyó a 21 personas físicas y 25 entidades en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas por presuntamente brindar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa, operando en municipios como Tijuana y Mexicali, así como en Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
Replicación de la medida en el ámbito nacional
Tras la difusión del listado internacional, la SHCP ejecutó el análisis correspondiente para incorporar a los señalados en el padrón nacional de bloqueos. Esta acción administrativa busca proteger la integridad del sistema financiero y la economía mexicana, replicando los efectos del congelamiento de activos y la prohibición de transacciones dispuesto por Washington.
Argumentos de la defensa y resolución judicial
En su demanda, Torres Torres alegó desconocimiento formal de las causas del procedimiento y cuestionó la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, argumentando que carece de plazos máximos de permanencia en el registro y parámetros para la eliminación, lo que a su juicio vulnera la seguridad y certeza jurídica. El juzgador determinó, sin embargo, que dicho desconocimiento no invalida la actuación administrativa.
Fundamentos legales para negar la suspensión
La resolución se fundó en la Ley de Amparo, que establece la improcedencia de la suspensión cuando se afectan disposiciones de orden público e interés social. El fallo subraya que la orden de la UIF goza de presunción de legalidad y responde a la facultad estatal de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, priorizando el interés general sobre el particular.
Próximos pasos procesales y audiencia incidental
Con la admisión a trámite del juicio, el órgano jurisdiccional requirió a las autoridades responsables —incluidas la Presidencia de la República y la SHCP— la rendición de informes justificados en un plazo de quince días. Se fijó el 29 de octubre de 2026 para la audiencia incidental donde se resolverá sobre la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional quedó programada para el 24 de noviembre del mismo año.
Otros designados en la lista de la OFAC
Junto a Carlos Alberto Torres Torres, la sanción estadounidense alcanzó a su hermano Luis Alfonso Torres Torres y a figuras como Rafael Buenrostro Martín, Pedro Ariel Mendívil García e Ismael Zambada Sicairos, entre otros. En el sector empresarial fueron enlistadas entidades como Galerías Centro Cambiario, Private Equity Baja, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza y la textilera Lthings Mexico, conformando una amplia red de operadores e intermediarios financieros.
