Jalisco se consolida como uno de los epicentros más graves del narcotráfico en México, donde organizaciones criminales aprovechan la escasa vigilancia en áreas rurales para establecer campamentos clandestinos dedicados al reclutamiento forzado, la extorsión y la desaparición sistemática de personas. Dentro de esta geografía del horror destaca el Rancho Izaguirre, una vasta propiedad situada en el municipio de Teuchitlán, descubierta inicialmente por colectivos de madres buscadoras que transformaron el hallazgo en un emblema de la impunidad y la opacidad de las investigaciones oficiales.
Discrepancias entre la versión oficial y el hallazgo ciudadano
Las pesquisas en la finca han estado marcadas por una profunda fractura: mientras los familiares localizaban prendas, calzado y restos óseos en el terreno, los peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero, negaban la existencia de incineradores argumentando que las condiciones térmicas del sitio imposibilitaban la cremación de cuerpos. Esta contradicción mantuvo el caso en un estancamiento hasta la irrupción de un testimonio directo desde el interior del grupo delictivo.
El testimonio del sicario que rompe el silencio
Un reportaje de la cadena pública italiana Tg1, realizado por la periodista Stefania Battistini, difundió la entrevista a un hombre encapuchado que se identificó como sicario activo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El sujeto confesó la ejecución de más de 500 personas en el rancho y admitió haber incinerado personalmente a 250 víctimas, revelando además una estructura salarial fija de cuatro mil pesos diarios sin importar el número de homicidios cometidos. Sus declaraciones desmienten categóricamente la tesis gubernamental que limitaba la función del predio a un centro de adiestramiento.
Colaboración secreta con las buscadoras
El entrevistado detalló que los restos eran destruidos casi en su totalidad mediante hornos artesanales y tambos metálicos, y aseguró mantener actualmente una colaboración encubierta con el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco para señalar los puntos exactos donde aún pueden recuperarse pequeños fragmentos óseos o dentales, información vital para la identificación forense.
Red de complicidades políticas y operativas
El predio, de más de 10,000 metros cuadrados, fue localizado en marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tras una denuncia anónima, generando indignación por la presunta alteración y limpieza del escenario por parte de las autoridades antes de las inspecciones independientes. La investigación ha destapado una trama de corrupción que llevó a la detención del exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, acusado de utilizar a la policía municipal para custodiar el rancho, así como a operadores clave como José Gregorio Lastra Armida (“El Lastra”) y su sucesora Alma Rosa Rivera (“La Leona”), responsables del engaño a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo en redes sociales como TikTok para su posterior traslado forzado al campamento.
Patrón de exterminio replicado en el Pacífico mexicano
El modus operandi descrito coincide con hallazgos recientes en Nayarit, donde la fiscal Elvia Ludmila Heredia confirmó el descubrimiento de un predio idéntico en Xalisco, calificado como “centro de exterminio por incineración”. Esta replicación confirma que el uso de fincas remotas para la desaparición forzada de personas constituye una estrategia sistemática del crimen organizado en la región del Pacífico.
Exigencia de verdad y justicia pendiente
Mientras la FGR, ahora dirigida por Ernestina Godoy, mantiene procesos abiertos contra cerca de medio centenar de detenidos, las familias de las víctimas exigen el análisis exhaustivo de todos los restos óseos recuperados para esclarecer definitivamente el paradero de sus seres queridos y romper el ciclo de silencio institucional.
