Washington sanciona a 21 individuos y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de sanciones dirigida contra 21 personas y 25 entidades identificadas como piezas clave de las estructuras financiera, operativa y de corrupción del Cártel de Sinaloa. La acción busca desmantelar la infraestructura que sostiene el tráfico de fentanilo, el lavado de activos y la violencia generada por la organización criminal en territorio mexicano y estadounidense.
Señalamientos alcanzan a exfuncionarios y círculo cercano a la gobernadora de Baja California
Entre los designados destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos. Según los argumentos expuestos por las autoridades estadounidenses para justificar las medidas, estos personajes habrían recibido sobornos a cambio de brindar protección a las actividades ilícitas del cártel, evidenciando una presunta infiltración en estructuras políticas y de seguridad de la entidad fronteriza.
Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, objetivo prioritario de la operación
El paquete restrictivo sitúa a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, reconocido por Washington como uno de los líderes de la facción de Los Mayos, entre los blancos centrales de la ofensiva. Las sanciones buscan golpear directamente la cadena de mando y la capacidad operativa de esta fracción heredera del legado de Ismael “El Mayo” Zambada, limitando su movilidad financiera y logística internacional.
Baja California, epicentro de la red de corrupción y operaciones
La ofensiva pone especial énfasis en los municipios de Tijuana y Mexicali, identificados como nodos estratégicos donde convergen operadores financieros y logísticos del grupo delictivo. Los señalamientos de Washington insisten en que la red criminal ha logrado penetrar en los ámbitos político y policial de la región, facilitando el libre tránsito de estupefacientes y la impunidad de sus células locales.
Recompensas de hasta 5 millones de dólares por tres jefes de plaza
En paralelo, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de tres líderes regionales: Alfonso Arzate García “Aquiles” y René Arzate García “La Rana”, operadores en Tijuana, y Juan José Ponce Félix “El Ruso”, señalado como jefe en Mexicali. Este último ya figuraba en listas negras del Tesoro estadounidense por acciones previas contra la organización.
Estrategia enfocada en interrumpir la cadena del fentanilo y el lavado de dinero
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que las medidas persiten desarticular la infraestructura operativa y política que permite al Cártel de Sinaloa mantener su dominio en el tráfico de fentanilo. La estrategia combina el bloqueo de activos financieros con el señalamiento de redes de corrupción, considerando a la organización como una amenaza prioritaria dentro de los mecanismos estadounidenses de lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional.
Contexto de presión bilateral bajo la administración Trump
Esta nueva batería de sanciones se enmarca en una escalada de presión de la administración de Donald Trump hacia México para contener el flujo de opioides sintéticos y debilitar a los cárteles. Washington amplía así el espectro de sus medidas: ya no solo persigue a los capos, sino que extiende el cerco sobre personas físicas, morales y redes de apoyo político-financiero que sostienen la arquitectura criminal en la frontera norte.
