Hallazgos masivos en Ensenada saturan a colectivos y a la Comisión Estatal de Búsqueda
Una sucesión de descubrimientos de restos humanos entre julio y septiembre de 2026 ha puesto en evidencia la crítica sobrecarga operativa que enfrentan los colectivos de búsqueda de Ensenada y Baja California, así como la Comisión Estatal de Búsqueda de la FGE. Las diligencias se han concentrado en dos zonas suburbanas: el fraccionamiento El Roble, con siete hallazgos, y el Rancho Santa Anita en la delegación El Sauzal, donde se contabilizaron cinco más, revelando la magnitud de la crisis forense en la región.
Operativos conjuntos y fosas en el fraccionamiento El Roble
Con el respaldo de fuerzas federales, estatales y unidades K9, los brigadistas han removido escombros, tierra y desechos en las inmediaciones del kilómetro 9 de la carretera a Ojos Negros, un sector con antecedentes de localización de osamentas. Las jornadas se intensificaron el 20 de julio con el hallazgo de restos esparcidos atribuidos a una sola víctima; posteriormente, el 7 y 11 de agosto, aparecieron dos cuerpos en descomposición cerca de un basurero clandestino, y las diligencias derivaron en la recuperación de material óseo compatible con al menos tres cadáveres adicionales.
Evidencias de violencia y entierros clandestinos a poca profundidad
En un camino vecinal entre las calles Isla Azteca e Isla Ángel de la Guarda, los equipos localizaron una fosa de 60 centímetros con osamentas fragmentadas de aparente sexo masculino y femenino, acompañadas de cinchos y abrazaderas plásticas que sugieren sujeción previa a la muerte. Estos hallazgos confirman patrones de violencia extrema y disposición sistemática de cuerpos en espacios domésticos y vías de acceso irregulares dentro del tejido urbano.
Secuela de descubrimientos en el Rancho Santa Anita, El Sauzal
La búsqueda se extendió hacia el Rancho Santa Anita, zona colindante con el fraccionamiento Cibolas del Mar y la caseta de San Miguel. El 28 de junio se localizaron dos cuerpos enterrados y semienterrados a pocos metros de distancia. La incidencia continuó el 14 de agosto con nuevos restos a medio metro de profundidad en el cerro vecinal, y culminó el 7 de septiembre con una jornada en tres puntos estratégicos de alta probabilidad, confirmando la persistencia de este sitio como cementerio clandestino activo.
Exigen que las autoridades asuman su responsabilidad legal
Karina Méndez, al frente del colectivo Rastreadores del Silencio, denunció que la carga investigativa y de campo recae injustamente sobre las familias. «No somos peritas ni policías; somos madres y hermanas que caminan cerros, remueven tierra y enfrentan el miedo para traer a los suyos a casa», enfatizó, subrayando que el Estado tiene la obligación jurídica de buscar, identificar y proteger, mientras los colectivos solo deberían ser acompañados y escuchados en el proceso.
Llamado a la ciudadanía y revisión de la estrategia institucional
La activista urgió a una revisión estructural de los protocolos fallidos que obligan a los familiares a hallar lo que las instituciones no localizan en meses o años. Reiteró que su objetivo no es perseguir culpables, sino recuperar a sus desaparecidos, y solicitó a la sociedad aportar información anónima con humanidad, pues una sola llamada puede resolver la incertidumbre de una familia entera.
Crisis humanitaria y pendientes forenses en Baja California
El volumen de material óseo fragmentado y desarticulado recuperado en ambos polígonos mantiene en incertidumbre el número total de víctimas y sus identidades, colapsando la capacidad de respuesta pericial. Esta situación expone la urgencia de fortalecer los servicios forenses de la FGE y de implementar estrategias de búsqueda institucionales proactivas, efectivas y sostenidas que garanticen el derecho a la verdad y a la memoria de las personas desaparecidas en la entidad.
