La escalada de violencia con coches bomba agrava la crisis de seguridad en México
La detonación de un vehículo cargado con 200 kilos de explosivos frente a la comisaría de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrida el pasado domingo, ha encendido las alarmas por la creciente sofisticación armada de los grupos criminales. El atentado, que dejó 11 heridos y daños en más de medio centenar de viviendas, se suma a una tendencia al alza en el uso de artefactos explosivos improvisados, drones artillados y minas terrestres por parte de cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, complicando además la relación bilateral ante la amenaza de intervención militar del expresidente estadounidense Donald Trump.
Antecedentes y evolución del uso de explosivos en el crimen organizado
Aunque no es una táctica nueva —el primer registro relevante data de 1994 en Guadalajara y hubo un repunte en Ciudad Juárez hacia 2010—, la frecuencia e intensidad han cambiado drásticamente en el último lustro. El académico Víctor Manuel Sánchez documenta que el CJNG ha liderado recientemente esta estrategia, atacando instalaciones policiales en poblaciones pequeñas, como el caso de Michoacán en diciembre de 2025 con cinco fallecidos y el reciente de Zacatecas. Las fuerzas de seguridad han decomisado miles de artefactos, superando los 3.200 solo en Michoacán durante 2024, lo que evidencia una “intensificación constante de la violencia”, según la experta Vanda Felbab-Brown.
Objetivos estratégicos: intimidación y presión política
Lejos de ser acciones aleatorias, los coches bomba buscan sembrar el terror, debilitar la moral de las fuerzas del orden y forzar negociaciones con las autoridades. El secretario de Seguridad de Zacatecas, general Arturo Medina, reveló la existencia de mensajes donde criminales ofrecen sobornos a policías para operar con impunidad. Para el analista Carlos Pérez Ricart, estos ataques funcionan como mecanismos de presión cuando los grupos se sienten acorralados, buscando influir en la toma de decisiones gubernamentales mediante el miedo.
El debate sobre la denominación de terrorismo y sus implicaciones
México ha evitado históricamente etiquetar estos actos como terrorismo para proteger su imagen internacional, turismo e inversiones, argumentando que los cárteles carecen de motivaciones ideológicas. Sin embargo, precedentes como las granadas en Morelia (2008) o el incendio del casino en Monterrey (2011) con decenas de víctimas civiles desafían esa distinción. La actual administración estadounidense utiliza esta designación para justificar posibles acciones unilaterales, lo que obliga a una mayor cautela diplomática y jurídica por parte del gobierno mexicano.
Limitaciones del enfoque antiterrorista contra el narcotráfico
Expertos coinciden en que aplicar doctrinas antiterroristas resulta ineficaz frente a la dinámica del narcotráfico. Pérez Ricart advierte que la lógica contraterrorista busca la “desaparición del enemigo”, pero en el mercado ilegal de drogas el enemigo es una estructura económica compleja y regenerativa, no solo un grupo armado definido. La imprevisibilidad de la política exterior de EE. UU. exige respuestas internas sólidas más que reactivas.
La corrupción de alto nivel como nudo central del problema
Ante el escenario de presión externa, la vía más efectiva para demostrar compromiso real contra el crimen organizado pasa por combatir la corrupción estructural. Académicos y analistas señalan la urgencia de sancionar a funcionarios de alto rango, como los del gobierno de Sinaloa señalados por EE. UU. por nexos con el narcotráfico. Depurar las instituciones es presentado como el requisito indispensable para recuperar la confianza ciudadana —hoy erosionada pese a la baja oficial de homicidios— y neutralizar la operatividad financiera y logística de los cárteles.
Zacatecas: epicentro de la disputa territorial entre cárteles
El estado de Zacatecas ilustra la gravedad del conflicto: es escenario de una guerra prolongada entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control de rutas y plazas. La percepción de inseguridad persiste entre la población local, que exige resultados contundentes contra la impunidad. Con 23 ataques con explosivos registrados solo en lo que va de año en la entidad, seis de ellos con coches bomba, la entidad se convierte en símbolo de la mutación del crimen organizado hacia tácticas de guerra irregular que desafían la capacidad de respuesta del Estado mexicano.
