La abogacía en Baja California: una profesión de alto riesgo
Ejercer el derecho en Baja California se ha tornado una actividad de alto riesgo, advirtieron representantes del gremio jurídico al revelar que, en el último quinquenio, 18 abogados han sido asesinados en diversos municipios de la entidad, la mayoría víctimas de ataques armados directos. Esta ola de violencia ha generado una profunda inquietud entre los litigantes de Tijuana y Mexicali, quienes exigen a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los homicidios, la captura de los responsables y la implementación de mecanismos efectivos que garanticen la protección de los profesionales en situación de vulnerabilidad.
Reuniones institucionales para exigir resultados y justicia
David Rincón Rey, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Baja California, encabezó una reunión de trabajo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El objetivo central fue solicitar avances concretos en las investigaciones de los crímenes y conocer las estrategias operativas para prevenir nuevas agresiones. Paralelamente, Daniel Avitia, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, subrayó la urgencia de que las instituciones atiendan de manera puntual y prioritaria cada caso de violencia contra el gremio.
Hacia un protocolo de seguridad preventivo para litigantes
Como respuesta a la presión del sector, representantes de los abogados se reunieron con la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, para diseñar un protocolo de seguridad especializado. La propuesta contempla la creación de una ruta clara y accesible que permita a cualquier litigante solicitar ayuda ante amenazas, permitiendo a las autoridades evaluar el nivel de riesgo e implementar medidas de protección de forma inmediata, antes de que la intimidación derive en un atentado mortal.
La impunidad y la necesidad de mecanismos permanentes
El gremio insiste en que no es admisible esperar un nuevo homicidio para actuar; por ello, demandan un mecanismo permanente de prevención y protección que funcione de oficio y a solicitud de parte. La exigencia central es doble: que los 18 asesinatos registrados en cinco años no queden en la impunidad y que, simultáneamente, se construya un sistema de alerta temprana capaz de identificar y atender oportunamente a los abogados amenazados.
Impacto de la violencia en el sistema de justicia
Los colegios de abogados advirtieron que las agresiones trascienden el ámbito personal y afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia. La libertad y seguridad en el ejercicio profesional son condiciones sine qua non para la correcta impartición de justicia; sin ellas, la defensa de los derechos ciudadanos se ve coartada, debilitando el Estado de derecho en la entidad.
Compromisos de la Fiscalía General del Estado
Tras la mesa de trabajo con la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados (FEDABO), la fiscal María Elena Andrade Ramírez confirmó la creación de un protocolo especial para atender tanto los homicidios como las amenazas contra abogados. Anunció que el próximo lunes se instalará una mesa de trabajo operativa donde los profesionales que se sientan vulnerables podrán acudir para registrar sus datos y someterse a un análisis de riesgo que determine las medidas de resguardo pertinentes.
Coordinación interinstitucional: clave para la protección
Finalmente, los representantes de Tijuana y Mexicali coincidieron en que la violencia contra la abogacía debe abordarse como un problema estructural que requiere acciones concretas y coordinación interinstitucional entre la procuración de justicia, las secretarías de seguridad y el gobierno estatal. Solo mediante una estrategia integral y sostenida será posible devolver la tranquilidad a los litigantes y garantizar el libre ejercicio de la profesión en Baja California.
