Más de un centenar de familias del Fraccionamiento San Francisco, ubicado en San Quintín, han elevado una solicitud formal para ser integradas al censo y al proyecto ejecutivo de electrificación que impulsa el Plan de Justicia para San Quintín. La petición, dirigida a la delegada de Programas para el Bienestar en Baja California, Carmen Antuna Cruz, fue presentada por el gestor social Rodolfo Gálvez León, quien expone que la ausencia de energía eléctrica impacta severamente la seguridad, la conservación de alimentos y el desempeño académico de los menores.
Comunidad indígena y rezago social en zona prioritaria
El asentamiento se encuentra en una zona rural catalogada con alto rezago social y considerada de atención prioritaria. La mayoría de los núcleos familiares son de origen indígena —principalmente mixteco, triqui y zapoteco— y su sustento económico depende de la actividad agrícola. Además de la carencia de luz, los habitantes denunciaron la falta de acceso a agua potable, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.
Impactos de la falta de electrificación en la vida diaria
Los residentes argumentan que la carencia del servicio trasciende la simple falta de iluminación. La inseguridad nocturna, la imposibilidad de refrigerar alimentos y las dificultades para que los estudiantes realicen sus tareas escolares son las consecuencias más inmediatas. Ante este panorama, la comunidad solicitó una intervención urgente y se puso a disposición para facilitar las verificaciones de campo necesarias para validar sus condiciones habitacionales.
Desigualdad en la asignación de recursos del Plan de Justicia
El escrito presentado ante las autoridades federales incluye una comparativa con otras comunidades de la región que, pese a compartir una situación irregular similar, ya han sido beneficiadas con redes de electrificación dentro del mismo esquema de justicia social. Las familias del Fraccionamiento San Francisco exigen equidad en la distribución de los apoyos para no quedar rezagadas frente a localidades vecinas.
Regularización de la tierra: el obstáculo estructural
La delegada Carmen Antuna Cruz ha señalado en reiteradas ocasiones que la irregularidad en la tenencia de la tierra constituye el principal freno para ejecutar obras de infraestructura eléctrica en el municipio. La funcionaria explicó que existe un rezago histórico acumulado durante décadas, originado por la lotificación y venta indiscriminada de predios con vicios legales, lo que genera incertidumbre jurídica y complica la introducción de servicios básicos.
Certeza jurídica y viabilidad de proyectos sociales
La problemática de los terrenos irregulares no solo afecta a esta comunidad, sino que representa un escollo transversal para el avance del Plan de Justicia Social en San Quintín. La falta de certeza legal impide que las dependencias federales y estatales puedan invertir recursos públicos en infraestructura definitiva, dejando a miles de habitantes en la espera de soluciones estructurales.
Próximos pasos: verificación y censo en campo
El objetivo inmediato de los pobladores es lograr su inclusión en el censo oficial y en el proyecto ejecutivo para que, posteriormente, se realicen las inspecciones técnicas en sitio. Confían en que la comprobación directa de su realidad habitacional y demográfica sea el argumento decisivo para que las autoridades prioricen la electrificación de su fraccionamiento.
