Una década documentando la violencia contra defensores ambientales en México
Durante once años, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha publicado su informe anual sobre la situación de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando las múltiples agresiones que sufren por proteger la flora, fauna, ecosistemas y sus territorios. La evidencia acumulada revela una violencia estructural y generalizada contra quienes resguardan el patrimonio natural del país, una realidad que resulta inaceptable y demanda una respuesta inmediata por parte de las instituciones.
La urgencia de garantías efectivas y el llamado desde la Semarnat
Resulta imperativo contar con un México que ofrezca garantías reales de respeto y protección a estos actores, ya que actualmente ninguna asume la responsabilidad de actuar frente a la crisis. El 4 de octubre de 2024, al iniciar su gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra reconoció a los defensores como “gente que ha dado la vida para proteger el medio ambiente” y llamó a construir alianzas fuertes con la sociedad. A casi dos años de aquella declaración, surge la interrogante obligada: ¿se han concretado esas alianzas y operan con eficacia?
Obligaciones incumplidas del Acuerdo de Escazú
En el marco regional, el Acuerdo de Escazú —del cual México es Parte— establece tres pilares fundamentales: acceso a la justicia ambiental, a la información y a la participación pública en la toma de decisiones. Su artículo 9 obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para la labor defensora, proteger los derechos a la vida, integridad y libre expresión, así como prevenir, investigar y sancionar ataques e intimidaciones. Sin embargo, el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado mexicano es evidente y sistemático.
Cifras alarmantes y la identidad de los agresores
Los datos del informe de CEMDA son contundentes: entre 2015 y 2025 han sido asesinados 199 defensores ambientales ante el silencio total de las autoridades. Respecto a los perpetradores, el Estado —a través de policías estatales y municipales, fiscalías, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional— encabeza la lista con participación en 76 eventos de agresión. Le sigue el sector privado con 13 eventos en aumento, y la delincuencia organizada con 12 casos; en 61 agresiones no se identificó al responsable, muchas perpetradas en el ámbito digital.
Estrategias prioritarias para revertir la impunidad
Para enfrentar esta tragedia resultan indispensables cinco ejes de acción: primero, atajar la impunidad rompiendo la omisión y el silencio oficial; segundo, prohibir y sancionar la estigmatización y difamación contra defensores y sus comunidades; tercero, construir una política pública integral de debida protección con implementación y supervisión real; cuarto, fortalecer el Mecanismo de Protección para periodistas y defensores mediante coordinación interinstitucional y recursos suficientes; y quinto, implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú en territorio nacional.
La contradicción de ser garante y perpetrador
La gravedad del panorama plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la inacción del Estado obedece a que éste es el principal agresor? La omisión sepulcral ante 199 asesinatos y la autoría estatal en la mayoría de los eventos documentados sugieren un conflicto de interés estructural que impide la debida protección. Mientras no exista voluntad política genuina para sancionar a los responsables —sean agentes públicos o privados—, el tratado internacional seguirá siendo letra muerta y los defensores continuarán pagando con su vida la protección del bien común.
Exigencia de sensibilidad y acción gubernamental
Se requiere con urgencia un funcionariado público con la sensibilidad y la determinación necesarias para priorizar esta agenda mediante acciones, estrategias y medidas legislativas concretas. Las personas defensoras ambientales atraviesan una situación crítica sin que el Estado mexicano haya articulado una estrategia real para su cuidado y seguridad. La historia juzgará si esta administración logra transformar el discurso en justicia o si perpetúa la simulación que ha caracterizado a décadas de impunidad ambiental.
