Respaldo a los operativos con enfoque en derechos humanos
La alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, manifestó su apoyo a los recientes operativos de revisión vehicular desplegados sobre la carretera Transpeninsular, donde participaron cerca de un centenar de elementos de diversas corporaciones. Si bien validó la estrategia para inhibir la delincuencia, la presidenta municipal enfatizó la necesidad imperativa de establecer una línea divisoria clara entre las unidades vinculadas a actividades ilícitas y aquellas cuya irregularidad documental responde a condiciones de vulnerabilidad social.
El vehículo como herramienta de subsistencia, no de lujo
Cano Núñez subrayó que, dadas las dimensiones territoriales del municipio y el déficit histórico de transporte público, el automóvil constituye para miles de hogares un medio indispensable para acceder al empleo, la educación y los servicios de salud. Argumentó que analizar la circulación vehicular en la región exige responsabilidad, legalidad y sensibilidad para no penalizar la pobreza ni las carencias estructurales que enfrentan las comunidades apartadas.
Distinción entre delito y necesidad documental
La seguridad de nuestras familias no puede esperar, pero con la misma firmeza sostengo que las instituciones debemos distinguir entre delincuencia y vulnerabilidad social.
La munícipe fue enfática al señalar que una anomalía en la papelería del automotor, siempre que no exista reporte de robo ni indicios de conducta criminal, no debe motivar un trato equiparable al de un delincuente. Advirtió que criminalizar la necesidad atenta contra los derechos de las familias trabajadoras que, por desconocimiento o imposibilidad económica, no han regularizado su situación.
Objetivos legítimos de los filtros de seguridad
El gobierno municipal reconoce la legitimidad de las acciones orientadas a la recuperación de vehículos robados, la detección de armas, la localización de personas con órdenes de aprehensión y la prevención del uso de unidades para cometer ilícitos. Estos fines, puntualizó la alcaldesa, deben guiar estrictamente el actuar de la fuerza pública sin desviarse hacia la persecución de la marginación.
Análisis casuístico conforme a la legalidad
Cano Núñez propuso que cada situación se evalúe atendiendo a sus particularidades y al marco jurídico vigente. Reiteró que las condiciones económicas no justifican la comisión de delitos; por consiguiente, los automotores con reporte de robo o relación con hechos delictivos deben ser investigados y asegurados con apego a la ley, aplicando el mismo rigor que se exige para proteger a los inocentes.
Gestión de alternativas legales y orientación ciudadana
Como medida complementaria, la administración municipal se compromete a orientar a la ciudadanía sobre las instancias competentes para la regularización vehicular y a gestionar, dentro de sus atribuciones, vías legales que permitan resolver los casos derivados de la vulnerabilidad. El objetivo es evitar la creación de falsas expectativas mientras se brinda acompañamiento institucional real.
Seguridad basada en hechos y criterios objetivos
En síntesis, la edil concluyó que los dispositivos de seguridad deben mantener su finalidad de proteger a la población, pero su ejecución requiere fundamentarse en hechos comprobables, normativa aplicable y criterios objetivos. Quedan descartados, por tanto, los prejuicios asociados a la condición socioeconómica de los habitantes, garantizando así una impartición de justicia equitativa en San Quintín.
