Oposición municipal frena el regreso de la Secretaría de Seguridad en Baja California
La iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para restablecer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) enfrenta un rechazo significativo en el ámbito municipal. Un bloque de alcaldías afines al exgobernador Jaime Bonilla Valdez —integrado por Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito— se niega a avalar la reforma constitucional, argumentando lealtades políticas previas y diferencias sobre el modelo de seguridad. La propuesta busca retirar al Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández, el control de la policía preventiva que heredó tras la desaparición de la SSPE durante la administración anterior.
Choque de poderes: Fiscalía y Congreso local
El futuro del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo periodo concluye en 2024, permanece incierto tras el bloqueo legislativo a la pretensión de Bonilla Valdez de extender su gestión hasta 2028. La mandataria estatal defiende que la reforma permitirá a la Fiscalía concentrarse en la investigación y judicialización de delitos, mientras la nueva secretaría asumiría la prevención y proximidad social. Sin embargo, la votación en el Congreso local reflejó fracturas internas: la iniciativa apenas alcanzó los 17 votos necesarios, recibiendo seis sufragios en contra de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT), varios de ellos vinculados laboralmente al exmandatario.
Rechazo explícito desde los cabildos fronterizos
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha anunciado públicamente su voto en contra, sustentada en su participación como legisladora en la reforma que eliminó la SSPE. A su postura se suman Aracely Brown (Playas de Rosarito) y Armando Ayala Robles (Ensenada), quienes mantienen cercanía con el grupo político de Bonilla Valdez. En contraste, los ediles de Mexicali, Tecate y el concejo fundacional de San Quintín ya han respaldado la propuesta, aunque el apoyo de este último tiene un carácter mayormente simbólico al carecer de cabildo formalmente constituido.
Fractura interna en el bloque oficialista
La gobernadora calificó el voto disidente como «ruín y despreciable», desatando una crisis con la bancada del PT, que exigió una disculpa pública denunciando una «fractura del orden democrático constitucional». Entre los diputados opositores destacan Marco Antonio Blásquez, excolaborador en la empresa de medios del exgobernador, y Sergio Moctezuma Martínez, exsecretario del Trabajo en la administración bonillista, evidenciando que la división trasciende lo partidista y responde a lealtades personales y de grupo.
Disenso técnico desde la sociedad civil organizada
La oposición no se limita a la clase política. Juan Manuel Hernández Niebla, empresario y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), renunció a los trabajos de transición al considerar que la reforma no contempla la creación de un Secretariado Ejecutivo Estatal autónomo e independiente, sino que subordina la operatividad a la nueva secretaría. Este organismo ciudadano había propuesto un modelo de gobernanza policial desligado de la estructura jerárquica del ejecutivo estatal.
Respaldo federal como argumento de legitimidad
Ante el cúmulo de resistencias —municipales, legislativas y ciudadanas—, Ávila Olmeda ha optado por no retractarse ni ofrecer disculpas a los legisladores disidentes. La mandataria justifica la iniciativa argumentando que fue consensuada y trabajada directamente con el Gabinete de Seguridad Nacional, desestimando que se trate de una ocurrencia o capricho personal. Esta vinculación con la estrategia federal busca blindar la reforma y presionar a los ayuntamientos reticentes para que aprueben la minuta en las próximas sesiones de cabildo.
Escenario incierto para la primera gran iniciativa del sexenio
La gobernadora requiere al menos un voto favorable del bloque opositor (Tijuana, Ensenada, Tecate o Rosarito) para concretar su primera iniciativa de ley. Mientras en Rosarito el tema se encuentra en análisis de comisiones, en Tijuana y Ensenada la postura de rechazo se mantiene firme. El desenlace definirá no solo la arquitectura de seguridad en la entidad, sino la capacidad política de la actual administración para imponer su agenda frente a los remanentes de poder del gobierno anterior.
