Desafío operativo en San Quintín: 4.600 expedientes y solo siete trabajadores
El Ayuntamiento de San Quintín encara una carga de trabajo masiva al deber tramitar aproximadamente 4.600 expedientes de regularización patrimonial, una acción derivada del Plan de Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La alcaldesa Miriam Cano Núñez advirtió que este volumen representa un reto mayúsculo para la administración local, específicamente para la Dirección de Administración Urbana, la cual opera actualmente con tan solo siete servidores públicos para cubrir un territorio que supera los 32.000 kilómetros cuadrados y atiende a una población cercana a los 180.000 habitantes.
La aritmética detrás del rezago administrativo
La mandataria municipal desglosó la magnitud del problema mediante cifras contundentes: la división de los expedientes entre el personal disponible arroja un promedio de 657 casos por trabajador. Considerando que entre el 11 de agosto y el 31 de diciembre restan poco más de 100 días hábiles, cada empleado debería resolver más de seis trámites diarios para cumplir la meta, sin descuidar las funciones ordinarias de la dependencia. Cano Núñez subrayó que estos procedimientos no se limitan a una revisión documental simple, sino que exigen análisis de antecedentes, inspecciones de campo, levantamientos topográficos, integración de expedientes y dictámenes técnicos, calificando la situación como una cuestión de “aritmética” y no de argumentos políticos.
Riesgo de cuello de botella en la regularización
La presidenta municipal enfatizó la urgencia de robustecer la capacidad operativa del municipio para evitar que la propia administración se convierta en un obstáculo que frene un proceso capaz de transformar la vida de miles de familias. El objetivo central es impedir que la burocracia local actúe como un cuello de botella que retrase los beneficios de la certeza jurídica, elemento considerado fundamental para romper el ciclo histórico de irregularidad, incertidumbre y rezago en el ordenamiento territorial que ha caracterizado a San Quintín durante décadas.
Certeza jurídica como motor de desarrollo
La regularización de la tierra es vista por la administración como el punto de partida para abatir el rezago histórico y dotar de seguridad patrimonial a los núcleos familiares. La alcaldesa Cano Núñez explicó que lograr la certeza legal sobre los predios permitirá detonar avances sustanciales en materia de planeación urbana, infraestructura básica y provisión de servicios públicos, transformando la dinámica de un municipio que ha vivido atrapado en un círculo vicioso de informalidad y falta de planificación.
Fortalecimiento institucional con transparencia y rendición de cuentas
Ante la necesidad evidente de ampliar la plantilla o mejorar los procesos, la edil condicionó cualquier reestructuración a principios estrictos de transparencia y medición de resultados. “No pedimos cheques en blanco”, sentenció, exigiendo que cada recurso erogado se justifique y cada avance sea cuantificable, al tiempo que desafió a quienes dudan de la necesidad de refuerzos a explicar cómo siete personas podrían absorber semejante carga de trabajo de manera eficiente.
Meta: resultados tangibles antes de la próxima visita presidencial
La administración municipal ha fijado un objetivo claro de corto plazo: mostrar avances concretos en el desahogo de los expedientes antes del próximo arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum a San Quintín. La intención es recibir a la titular del Ejecutivo federal con soluciones reales para las 4.600 familias involucradas, demostrando que el municipio está a la altura del compromiso histórico que implica el Plan de Justicia y dejando atrás las meras explicaciones burocráticas.
