Infraestructura vial deficiticia: el talón de Aquiles del campo mexicano
El deterioro de los caminos rurales, la carencia de infraestructura de frío y acopio moderno, la pobreza extrema y una estructura de comercialización opresiva configuran el escenario adverso que enfrentan los cerca de 4.4 millones de unidades productivas agrícolas del país. Esta radiografía, validada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sader) en su Diagnóstico integral del Programa Comercio Justo (S318) proyectado para 2026, expone las barreras estructurales que limitan la rentabilidad y el desarrollo sostenible del sector primario.
La crisis de comercialización en Veracruz: un reflejo nacional
La urgencia de esta problemática quedó evidenciada recientemente con el clamor de al menos 150 productores piñeros de la región de Sotavento, en Veracruz. A pesar de lograr cosechas satisfactorias, la ausencia de vías de acceso funcionales y de canales de distribución viables condenó su producción al estancamiento, dejando a núcleos familiares enteros sin percepción económica. Este episodio no es aislado, sino una muestra representativa de la vulnerabilidad de un sector que, pese a su peso estratégico, aporta apenas el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Exclusión de los circuitos formales y precios injustos
Según la Sader, los pequeños y medianos agricultores —responsables de cultivos estratégicos como maíz, trigo, arroz, frijol, café, miel y cacao, así como de hortalizas clave (cebolla, jitomate, chile)— perciben ingresos marginales. La dificultad para insertarse en circuitos comerciales transparentes les impide acceder a precios justos, dinamitando su bienestar económico y anulando su capacidad de reinversión, lo que frena cualquier posibilidad de escalamiento productivo a largo plazo.
Caminos rurales: una red alimentadora en condiciones precarias
Uno de los cuellos de botella más críticos radica en la red vial. Datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), consignados en la Cuenta Pública 2024, revelan que solo el 61.39 % de la Red Alimentadora presenta un estado físico bueno o regular (“transitable”). En consecuencia, el 38.1 % restante se encuentra en condiciones malas, transformando el traslado de cosechas en una operación de alto riesgo y costo elevado. Esta red, compuesta por caminos de terracería de un solo carril —frecuentemente sin obras de drenaje— y carreteras alimentadoras, es la arteria principal para mover la producción de los poblados hacia las cabeceras municipales y la red federal.
Estancamiento en la conservación vial sexenal
El diagnóstico del programa presupuestario K037 (Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras) cuantifica la inercia: en 2018 el 40.3 % de la red estaba en mal estado, y seis años después la mejora es de apenas 2.2 puntos porcentuales. Esta lentitud no solo es un fracaso logístico, sino un factor directo de empobrecimiento, ya que la intransitabilidad impide que productos perecederos —como jitomate, chile y cebolla— lleguen a los mercados urbanos con la calidad requerida, depreciando su valor comercial de forma irreversible.
La trampa de la poscosecha y el poder de los intermediarios
La falta de centros de acopio tecnificados y sistemas de refrigeración obliga al productor a una venta inmediata tras la recolección, una urgencia que los intermediarios explotan adquiriendo la mercancía a precios ínfimos. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta asimetría es severa: los intermediarios retienen entre el 50 % y el 70 % del valor final del producto, condenando al agricultor a márgenes de ganancia mínimos e insostenibles.
Hacia una reestructuración integral del campo
Resolver esta encrucijada exige una intervención articulada que vaya más allá de paliativos: modernizar la red alimentadora con criterios de resiliencia climática, desplegar infraestructura de frío y acopio en territorios estratégicos, y rediseñar los circuitos de comercialización para desintermediar la cadena de valor. Solo así se garantizará que quien trabaja la tierra perciba una remuneración justa, reactivando la inversión productiva y blindando la soberanía alimentaria del país.
