La alcaldesa rechaza la injerencia del síndico en la asignación de 12 millones de pesos
La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, desestimó la pretensión del síndico procurador de reasignar 12 millones de pesos a diversas obras de infraestructura, argumentando que la Sindicatura no posee atribuciones legales para definir el destino de los recursos públicos ni para instruir a las dependencias sobre su ejecución. La mandataria fundamentó su postura en la Ley del Régimen Municipal de Baja California, la cual otorga a la Presidencia Municipal la facultad de dirigir la administración y ejercer el presupuesto, limitando el rol de la Sindicatura a la vigilancia, el control interno y la fiscalización.
Cualquier modificación presupuestal requiere aval del Cabildo
Cano Núñez subrayó que todo cambio en la aplicación del gasto público debe seguir el conducto legal establecido y ser aprobado por el Cabildo en sesión pública, descartando que un simple oficio dirigido a una comisión edilicia pueda suplantar este procedimiento. La alcaldesa enfatizó que la reserva presentada durante la Quinta Modificación Presupuestal fue resuelta por el propio Cabildo en esa misma sesión, por lo que el tema no fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para análisis posterior.
Los recursos permanecen sujetos al proceso legal vigente
La munícipe precisó que el monto en cuestión, originado por ajustes en las aportaciones del FORTAMUN y el FAISMUN, continúa dentro del cauce presupuestal ordinario y no constituye una bolsa discrecional disponible para su distribución unilateral. Reiteró que la definición final de estos fondos deberá ajustarse estrictamente a los mecanismos que prevé la legislación municipal vigente.
Prioridad en la regularización de la tenencia de la tierra
En su posicionamiento, la edil propuso que una prioridad fundamental sea atender el rezago en certeza jurídica de la tenencia de la tierra, considerándola un requisito indispensable para ampliar la cobertura de servicios básicos como agua potable y electrificación. Explicó que la regularización de predios impacta directamente en la fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial, generando mayores ingresos para el sostenimiento de los servicios municipales.
Reconocimiento a la labor fiscalizadora de la Sindicatura
Finalmente, Miriam Cano reiteró el respeto de su administración hacia las facultades de fiscalización que la ley confiere a la Sindicatura. No obstante, insistió en que las decisiones vinculadas al ejercicio del gasto público deben apegarse irrestrictamente al procedimiento que marca la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, garantizando la legalidad y la transparencia en la gestión de los recursos.
