Irregularidades en la carpeta de investigación y recusación fiscal
Tras una maratónica audiencia de vinculación a proceso de diez horas contra el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel “N”, y otros cuatro imputados por robo de vehículo, desaparición forzada y delincuencia organizada, la defensa expuso graves anomalías en la integración de la indagatoria. Solicitaron la separación de la fiscal Ariadna Betsabé García Ceseña al argumentar que fue denunciada por uno de los acusados, Eduardo “N”, por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura y tratos crueles. El juez desestimó la petición bajo el argumento de extemporaneidad, pese a que la defensa acreditó —mediante dictamen bajo Protocolo de Estambul del 9 de marzo de 2026— secuelas de estrés postraumático, ansiedad y derivadas de tortura física y psicológica tras la aprehensión del 26 de febrero.
Declaraciones de los imputados: trayectorias y coartadas
Luis Alfonso “N”, excomandante de zona urbana de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), declaró haber servido desde la administración de María Elena Andrade en San Felipe, sin sanciones firmes en su historial. Negó conocer a las víctimas desaparecidas el 3 de enero de 2023, recibir o entregar dinero al exjefe policiaco, o acceder a videos institucionales; situó su paradero esa madrugada en su domicilio tras los festejos del Día del Policía. Por su parte, Pedro Ariel “N” relató su carrera: fiscal regional de Mexicali (2019-2021), director de la DSPM (diciembre 2021-septiembre 2024) y posterior retorno a la abogacía privada, proclamando su inocencia y denunciando una persecución política gestada tras más de tres años de los hechos.
Señalamientos directos contra la Fiscal General María Elena Andrade
El exjefe policiaco acusó animadversión personal de la actual Fiscal General del Estado (FGE), María Elena Andrade, remontándose a 2011 cuando él era “lastre” para el entonces procurador Rommel Moreno. Relató episodios de confrontación: denuncia penal contra ella por calumnia, supuestas presiones para despedir a su comandante Iván Camacho a cambio de la salida de Juan Carlos Buenrostro, y obstaculización para llegar a la titularidad de la FGE tras la salida de Ricardo Iván Carpio. Afirmó que, al asumir Andrade la fiscalía, abrió investigaciones en Asuntos Internos contra él y sus colaboradores, forzando renuncias, y reaccionó airada tras un amparo que liberó a Roberto Villar en 2021.
Gestión en la DSPM, desplazamiento y relación con colectivos
Durante su gestión al frente de la DSPM, Pedro Ariel “N” destacó la detención de objetivos prioritarios de la célula delictiva “Los Rusos” y la creación de la primera Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas a nivel municipal, dotada de recursos y operativa en otros municipios, lo que avalaron colectivos como Madres Unidas y Fuertes, representados por Gonzalo Moreno y Soraya Ana. Sin embargo, denunció su desplazamiento de las mesas de seguridad tras la llegada del General Tizoc Aguilar, quien junto a la fiscal Andrade habría presionado a la alcaldesa Norma Bustamante para su remoción, además de ordenar exámenes de control y confianza a sus agentes sin facultad legal para ello.
Confrontación en sala y defensa de la actuación policial
La tensión escaló cuando Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón (desaparecido en zona de antros), increpó al imputado desde la sala contigua: “Nos miró a los ojos, pero no nos dijo la verdad”. Pedro Ariel “N” reiteró su respeto a los colectivos y su negativa a consentir actos ilícitos, asegurando que en la audiencia inicial conoció a tres de los coacusados y que no existen pruebas directas en su contra. Afirmó que la carpeta se armó en mes y medio, detectó vigilancia previa, pero optó por no huir ni tramitar amparo para enfrentar el proceso. También negó facultades para borrar videos policiales —explicando que solo se monitoreaban cámaras de Simutra y Servicios Públicos hasta la instalación de 244 nuevos equipos— y deslindó responsabilidad en el incidente del “Pitufo”, escoltado por agentes, canalizado a Sindicatura.
Denuncia de fabricación de pruebas y vicios en declaraciones
La defensa técnica cerró su intervención señalando una presunta fabricación masiva de entrevistas ministeriales. Detectaron que el padre de una víctima (iniciales JVL) y todos los testigos firmaron únicamente la última hoja de sus declaraciones, incumpliendo el protocolo de rúbrica por página. Además, identificaron el uso sistemático de la muletilla “Asimismo” en todos los testimonios, coincidencia de respuestas idénticas a cuatro preguntas en dos declaraciones distintas, y discrepancias entre nombres, firmas e identificaciones oficiales de una familiar de los desaparecidos. Cuestionaron la existencia real de un testigo “franelero” y la falta de evidencia contundente —videos, geolocalización o testigos directos— que vincule a los agentes y la patrulla señalada con el traslado de los jóvenes al valle.
Conclusión de la defensa y expectativa de resolución
En síntesis, los abogados fundamentaron su solicitud de no vinculación a proceso en tres ejes: insuficiencia probatoria, animadversión política de la fiscal general hacia el exdirector y fabricación de actuaciones ministeriales. La audiencia quedó pendiente de los argumentos del Ministerio Público y una ronda final de réplicas, por lo que se prevé que la resolución judicial se emita durante la madrugada del lunes.
