Detención de Pedro Ariel Mendívil: Cargos y operativo en Mexicali
La mañana del martes 28 de enero, un despliegue interinstitucional integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Semar, Sedena y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ejecutó una orden de cateo en el domicilio del exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Pedro Ariel Mendívil García, ubicado en el Fraccionamiento Los Arcos. La aprehensión deriva de una carpeta de investigación iniciada en 2023 por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y delincuencia organizada, la cual fue judicializada mediante la Causa Penal 06748/2026 por la Jueza del Partido Judicial de Mexicali, Norma Celeste Soto.
Red de complicidades: exmandos y policías implicados
La investigación no se limita al exfuncionario; la orden de aprehensión alcanza al ex Comandante Operativo de la DSPM, Eduardo Luis Alfonso Jacobo, así como a los agentes Kevin González Álvarez y su hermano, Jesús Armando González Álvarez, identificado con los alias “8-9” o “4-4”. Este entramado sugiere una estructura de delincuencia organizada operando desde las entrañas de la corporación policial municipal durante la administración de Mendívil.
Trayectoria política: De la Fiscalía Regional a la DSPM
Pedro Ariel Mendívil García asumió la titularidad de la DSPM el 16 de diciembre de 2021, tras renunciar a la Fiscalía Regional de Mexicali. Su designación, avalada por unanimidad en Cabildo, respondió a una recomendación directa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en un contexto donde Carlos Torres ejercía un control significativo en el ayuntamiento. Durante su gestión, hasta septiembre de 2024, impulsó proyectos de videovigilancia, convenios de búsqueda de personas y coordinación interinstitucional, defendiendo una supuesta mejora en los indicadores de percepción ciudadana.
Polémicas, derechos humanos y el “narco convoy”
Su paso por la corporación estuvo salpicado de graves señalamientos. La Comisión de Honor y Justicia destituyó a cuatro policías por irregularidades en el caso del atropellamiento mortal de Rosa Isela y su hija Leah (2021). El punto de quiebre mediático llegó en junio de 2024 con la difusión de un video donde patrullas municipales escoltaban un “narco convoy”, lo que provocó la suspensión de cuatro elementos. Además, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendaciones al ayuntamiento por abusos policiales, incrementando el escrutinio sobre los protocolos de actuación.
Presiones políticas y rotación de mandos
La alcaldesa Norma Bustamante intentó relevar a Mendívil en junio de 2023 por Luis Felipe Chan, pero desistió tras presuntas amenazas del director de generar inestabilidad. Posteriormente, la gobernadora impuso a Julián Leyzaola en el cargo, cuya gestión derivó en mayor inseguridad y conflictos comunicacionales, forzando a Bustamante a reinstalar a Chan sin consultar al ejecutivo estatal. Esta inestabilidad reflejó la fractura en la cadena de mando y la injerencia política en la seguridad local.
Consecuencias internacionales: Pérdida de visa y certificación CALEA
El gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Mendívil y a la propia alcaldesa Bustamante, aparentemente por mantener al mando policial pese a las alertas. Esto provocó el cese de la cooperación institucional binacional y la pérdida de la certificación CALEA (Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley) de la DSPM, hitos que marcaron el deterioro de la confianza internacional en la corporación bajo su administración.
Investigación federal y situación jurídica actual
En 2026, una investigación periodística de N+ reveló la existencia de una carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR) que vincula a Mendívil y otros exfuncionarios con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Aunque la gobernadora Ávila Olmeda confirmó la indagatoria federal contra otros involucrados, el exdirector negó las acusaciones y su presunta detención previa. Con la orden de aprehensión ejecutada este 28 de enero por delitos locales, Mendívil enfrenta ahora su primer proceso judicial formal con privación de la libertad, rompiendo el blindaje político que lo protegió durante años.