México, epicentro global de la disputa legal contra la regulación alimentaria
México concentra el 80 % de los 239 litigios interpuestos entre 2010 y 2025 por la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados en seis de sus principales mercados mundiales, según una investigación de Quinto Elemento Lab y Lighthouse Reports. Empresas como Coca-Cola —con 24 demandas a través de sus embotelladoras— y PepsiCo encabezan una estrategia que busca frenar impuestos a bebidas azucaradas, restricciones publicitarias infantiles, la prohibición de venta en escuelas y, principalmente, el etiquetado frontal de advertencia, motivo de cuatro de cada cinco amparos presentados en el país. Lejos de ser un simple reclamo económico, expertos como Fabio da Silva Gomes (OPS) y Scott Faber (Environmental Working Group) coinciden en que se trata de una táctica para dilatar la aplicación de las leyes y disuadir a otras naciones de replicar el modelo regulatorio mexicano.
Estrategia judicial: retraso, desgaste y creación de precedentes
De las 193 demandas documentadas en territorio nacional, 154 se resolvieron a favor del interés público y solo dos beneficiaron a la industria; no obstante, el 8 % fueron retiradas estratégicamente antes de la sentencia final para evitar precedentes desfavorables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad la constitucionalidad de los sellos de advertencia en 2022, argumentando que protegen los derechos a la salud, la alimentación adecuada y la información de niñas, niños y adolescentes. Pese a las derrotas, el litigio masivo —que suma más de 595 años de tramitación en los seis países analizados— cumple su función de absorber recursos públicos y congelar avances regulatorios mientras las corporaciones mantienen el statu quo del mercado.
Argumentos corporativos: derechos constitucionales y cuestionamiento a la ciencia
Las compañías alegaron violaciones a la libertad de comercio, propiedad intelectual y no discriminación, sosteniendo que las medidas “satanizan” sus productos. Llegaron a argumentar que no existe evidencia suficiente sobre el daño de los edulcorantes o la publicidad infantil; Jugos del Valle (Coca-Cola) calificó el etiquetado como intromisión en decisiones familiares, mientras una embotelladora de PepsiCo (GEPP) afirmó que en zonas rurales es más seguro beber refresco que agua no potable. Los tribunales desestimaron varios planteamientos al considerar que ciertos derechos invocados son exclusivos de personas físicas, no de personas morales, pero el proceso jurídico延长了 la incertidumbre regulatoria por años.
La ofensiva previa a la norma: cabildeo masivo en la CONAMER
Antes de la entrada en vigor de la NOM-051 en 2020, la industria desplegó una campaña masiva durante la consulta pública ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Nestlé México y Grupo Jumex movilizaron a proveedores y aliados para enviar mil 820 observaciones —55 de cámaras extranjeras— advirtiendo sobre costos de rediseño, pérdida de empleos y supuesta confusión del consumidor. En las mesas técnicas convocadas por la Secretaría de Economía, la industria contó con 106 acreditaciones frente a solo 13 de la sociedad civil; el 55 % de sus referencias científicas provenían de estudios con conflictos de interés, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Resultados en salud pública y evasión comercial actual
A cuatro años de su implementación, el etiquetado frontal logró que el 52 % de la población modificara sus compras y el 30 % dejara de adquirir productos con sellos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2024. El impuesto a bebidas azucaradas (vigente desde 2014) redujo el consumo un 6.1 % en su primera década, con mayor impacto en hogares de bajos ingresos, según el British Medical Journal y el INSP. Sin embargo, persisten prácticas de evasión como colocar los envases con la cara posterior al frente para ocultar sellos o usar tipografías ilegibles en advertencias de cafeína y edulcorantes, lo que obliga a una vigilancia constante.
Paradoja política: regulación estricta y cercanía corporativa simultáneas
El reportaje destaca una contradicción en la actual administración: mientras los gobiernos de Morena impulsaron el etiquetado (2020), la prohibición de comida chatarra en escuelas (2025) y el alza al impuesto a refrescos (2026), la presidenta Claudia Sheinbaum promovió públicamente la marca Coca-Cola en una conferencia matutina de marzo, recibiendo el trofeo del Mundial y anunciando giras conjuntas. Esta proximidad simbólica y la anunciada inversión millonaria de la refresquera contrastan con la histórica batalla legal que sus embotelladoras —como FEMSA y Arca Continental— han librado contra esas mismas políticas públicas.
Retos futuros: actualización de la norma bajo presión internacional
En 2026 la Secretaría de Economía inició la actualización de la NOM-051 para endurecer umbrales de azúcares, sodio, grasas y calorías. Organizaciones civiles advierten que, sin un proceso transparente e incluyente, existe riesgo de regresión parcial ante la presión de alianzas internacionales como la Food & Beverage Issue Alliance, que incluso solicitó al gobierno de EE. UU. oponerse al modelo mexicano bajo argumentos de barreras comerciales. La investigadora Ana Cecilia Munguía resume el dilema: la industria utiliza el sistema legal y regulatorio no para ganar en el fondo, sino para ganar tiempo y preservar un mercado que, según la OPS, coloca a México en el cuarto lugar mundial de ventas per cápita de ultraprocesados con un consumo de 166 litros de refresco por persona al año.
