El Departamento de Estado de EE. UU. ha expresado su descontento con la situación de varios ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos en Venezuela en circunstancias cuestionables y sin un respeto adecuado por sus derechos humanos.
El gobierno estadounidense critica la forma en la que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado a estos detenidos, señalando que esto es inaceptable y que se debe poner fin a estas prácticas.
La situación se intensificó el 31 de enero cuando Richard Grenell, enviado especial de la administración Trump a Venezuela, se reunió con Maduro en Caracas y logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses.
Grenell llegó al Palacio de Miraflores con el objetivo claro de reactivar los vuelos de deportación de los estadounidenses detenidos, afirmando que deben ser liberados de inmediato.
En los últimos años, el chavismo ha acusado repetidamente a ciudadanos estadounidenses de ser “terroristas” y mercenarios que conspiran contra el gobierno. Estas acusaciones han llevado a la detención de varios de ellos.
Recientemente, en enero, Maduro ordenó la detención de siete “mercenarios”, entre los cuales había ciudadanos estadounidenses, a pesar de que las acusaciones eran poco claras y sin fundamento concreto.
En este contexto de tensión, el 4 de marzo se anunció que una empresa debería cesar sus operaciones en el país antes de finalizar 2022.
Este corte de operaciones ocurre en medio de un creciente control gubernamental y fuerzas opresivas que mantienen a la población en una situación crítica.
La administración estadounidense ha afirmado que está revirtiendo las concesiones que se había otorgado al régimen de Maduro, lo que refleja un cambio en su estrategia hacia la región y la búsqueda de una mayor presión sobre el gobierno venezolano.
