Ya sea de manera intencionada o no, México y Estados Unidos han establecido un vínculo en su ataque a la democracia. Si bien Trump comenzó a cimentar un discurso populista desde su campaña electoral de 2016, no llevó a cabo un desmantelamiento visible de las instituciones en su país. Sin embargo, el fenómeno que se presenta es significativo y merece atención.
Con el transcurrir del tiempo, la erosión de la democracia se ha hecho palpable. Se han visto debilitadas las estructuras judiciales y los organismos autónomos, lo que a su vez ha afectado la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Esta tendencia se debe en parte a un desarrollo de políticas de austeridad que han limitados recursos y capacidad de operación de estas entidades.
El Poder Judicial, y no sólo la Corte, ha sido estigmatizado como un símbolo de corrupción y favoritismo hacia los ricos. Como parte de un proceso de “austeridad republicana” que simula cuidar el bienestar económico del gobierno, se ha ido desmantelando y desprofesionalizando gran parte de la administración pública. Este proceso ha exigido una lealtad del 95% y ha llevado a la reducción de presupuestos en las instituciones que tienen autonomía técnica y constitucional.
Las instituciones académicas y los comunicadores se han visto también sometidos a esta dinámica. Muchas organizaciones de la sociedad civil que podrían ser aliadas en la resolución de problemas se han transformado en percibidas como amenazas o enemigos. La situación es preocupante, ya que las ONGs solo recibieron el 0.02% del presupuesto nacional, evidenciando una falta de apoyo y recursos para llevar a cabo sus funciones.
La captura de las instituciones judiciales ha afectado la legalidad de las decisiones y ha llevado a un estado donde se cuestiona la calidad democrática del país. Este deterioro ha sido gradual y poco a poco se han propuesto reformas que contradicen principios básicos de justicia en México, lo que ha llevado a muchos a dudar de la validez de su sistema judicial.
Estados Unidos se encuentra en una senda similar. En el período 2020, se observaron tendencias que cuestionan la integridad del sistema democrático estadounidense. Las acciones del gobierno y el apoyo a políticas que favorecen el desmantelamiento de estructuras fundamentales han aumentado, generando un ambiente político complicado y polarizado que recuerda lo que ha ocurrido en México.
Con la firma de una reciente orden ejecutiva, se busca pausar procedimientos de justicia que podrían perturbar los intereses comerciales del país. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, creada en 1977, parece estar siendo manipulada para favorecer a ciertas empresas y permitir la legalización de prácticas corruptas bajo el pretexto de facilitar los negocios.
