“El propósito de la inversión inteligente debería ser sobrepasar las fuerzas oscuras del tiempo y la ignorancia que afectan nuestro futuro”, afirmaba John Maynard Keynes.
El debate reciente sobre el rendimiento económico de México se ha centrado en gran medida en los factores externos, especialmente en la incertidumbre vinculada a la política comercial de Estados Unidos. Aun así, un análisis de los datos sugiere que el verdadero desafío radica en el ámbito interno, originado por la persistente debilidad de la inversión, que a su vez afecta el crecimiento.
México enfrenta una paradoja: significativamente, tiene la capacidad de beneficiarse de tendencias globales que favorecen la reubicación de cadenas de suministro en América del Norte, pero no ha logrado convertir estas oportunidades en un crecimiento sostenido del PIB o del PIB per cápita.
En el artículo titulado “Mexico must unleash its private sector”, publicado en “The Economist”, se aborda esta paradoja y se identifica como raíz del problema la insuficiencia de la inversión privada, más que la influencia de factores políticos externos.
El artículo presenta tres argumentos centrales. Primero, el entorno externo para México es relativamente favorable. El nearshoring ha facilitado la relocalización de actividades productivas hacia América del Norte, consolidando a México como el principal socio comercial de EUA. Las exportaciones han crecido, alcanzando incluso un superávit comercial reciente. La inversión extranjera directa ha aumentado en un contexto global complicado, aunque este incremento se debe en gran parte a adquisiciones significativas de empresas mexicanas por inversionistas externos y no a una inversión sistemática en nuevas actividades productivas.
A pesar de estos aspectos positivos, no se ha traducido en un crecimiento robusto del PIB. La economía mexicana ha tenido un rendimiento pobre, con un crecimiento de apenas 0.8% el año pasado y un promedio cercano al 2% en las últimas dos décadas. Además, el PIB per cápita ha retrocedido a niveles de años anteriores.
El segundo argumento resalta que los principales impedimentos al crecimiento son internos y surgen de decisiones de política pública. Según el artículo, hay varios factores en juego: cambios institucionales que incrementan la incertidumbre legal (como la reforma del poder judicial), el debilitamiento de organismos reguladores independientes, y el aumento del control estatal en sectores clave, como el energético. También influyen la inseguridad persistente en varias regiones del país y prácticas fiscales que se enfocan en presionar a los grandes contribuyentes en lugar de reformar integralmente el sistema tributario, lo que erosiona la confianza de inversionistas extranjeros y desincentiva la inversión.
El tercer argumento aborda los cuellos de botella estructurales que limitan la inversión. Se destacan dos puntos: el tamaño de la economía informal, que representa más de la mitad de la fuerza laboral, y las deficiencias en la generación y distribución de energía eléctrica, donde la falta de inversión por restricciones a la participación privada ha restringido la expansión económica.
Las conclusiones indican que México no se enfrenta a una crisis macroeconómica tradicional; el país disfruta de estabilidad monetaria, un banco central creíble y un tipo de cambio flexible. Sin embargo, el bajo crecimiento es el principal factor de riesgo. El reto para la política pública actual es revertir la debilidad en la inversión. Existen iniciativas en la estrategia económica actual, como incentivos fiscales para ciertas inversiones y proyectos de investigación y capacitación, pero son claramente insuficientes si no se abordan los problemas estructurales fundamentales.
Es necesario combatir la informalidad, implementar una reforma fiscal más integral que incluya impuestos al consumo, simplificar la regulación y el sistema fiscal para facilitar la formalización y la inversión, y abrir de manera más decidida sectores como el energético a la inversión privada, para lograr un crecimiento económico sostenido y alcanzar el objetivo de distribución que este gobierno ha señalado como prioritario.
Para México, aprovechar plenamente las oportunidades del nearshoring no es suficiente con solo tener ventajas geográficas o comerciales. Es esencial crear un entorno de certidumbre y ofrecer incentivos que favorezcan la inversión privada. Esto implica, de manera concreta, la reducción de la carga regulatoria, el fortalecimiento del Estado de derecho y la reconfiguración de los sistemas de seguridad social y fiscal para propiciar la formalización.
Si México no actúa, corre el riesgo de desaprovechar esta oportunidad histórica. Aunque el entorno externo es favorable, las restricciones internas impiden un adecuado aprovechamiento. La clave reside en liberar el potencial del sector privado a través de un rediseño integral de incentivos económicos e institucionales. En caso contrario, el país podría caer en un ciclo de bajo crecimiento que, aunque estable, no ayudará a mejorar notablemente el bienestar de su población.
