La violencia política en México es una constante en la dinámica del poder. Los homicidios selectivos se han transformado en una táctica electoral; tras cada asesinato hay una lucha por el dominio territorial, la influencia y la persistencia de intereses ilegales dentro del Estado.
El crimen organizado ha evolucionado de ser un actor marginal a un agente decisivo en la política nacional, utilizando métodos de financiamiento oculto, intimidación e infiltración en operadores y candidatos. Esto ha permitido al crimen infiltrarse en la vida electoral y en los tres niveles de gobierno. Actualmente, las estructuras políticas operan como vectores de penetración criminal, donde los delincuentes destinan recursos con el fin de obtener posiciones de poder y protección institucional. La política ha brindado al crimen lo que la violencia no pudo ofrecer: estabilidad, impunidad y legitimidad.
Esta convergencia entre el ámbito político y criminal presenta una dimensión interna y otra transnacional. Los intereses ilícitos en México no actúan de modo aislado, sino que están conectados a redes delictivas globales que trafican armas, drogas, personas y capital financiero en diversas direcciones. Estas redes ven en México un punto estratégico tanto para el tránsito como para la influencia. Por lo tanto, los homicidios selectivos, la corrupción de autoridades locales y la manipulación de los procesos electorales no son exclusivamente problemas nacionales; constituyen manifestaciones de un fenómeno geopolítico que compromete la soberanía del Estado mexicano.
Los procesos electorales de 2027 y 2030 se vislumbran como contextos de alto riesgo, donde se anticipa una participación más activa y estratégica del crimen organizado, aprovechando la debilidad institucional, la fragmentación de los partidos, la corrupción y la normalización de la violencia. Los grupos criminales han aprendido que invertir en política es como realizar un negocio: colocan candidatos, financian estructuras, compran lealtades y eliminan adversarios. Sin políticas estructurales, México podría enfrentar una captura política prolongada, donde la representación democrática quede subordinada a intereses delictivos.
En este escenario, los partidos políticos asumen una responsabilidad histórica. Deben reconocer que muchos de sus vínculos territoriales y redes electorales están impregnados de dinero y acuerdos criminales. Estas alianzas, que en un principio garantizan victorias locales y ventajas competitivas, en realidad socavan los cimientos de la democracia.
Si México pretende construir un robusto blindaje institucional, los partidos tendrán que estar dispuestos a abandonar su “capital criminal”, incluso si esto implica perder elecciones o reducir su presencia en ciertas áreas. No existe una estrategia de seguridad ni una reforma política efectivas si los actores partidistas siguen tolerando acuerdos con estructuras delictivas. La depuración de candidaturas, la supervisión del financiamiento y la ruptura con operadores relacionados con el crimen deben ser vistas no como un costo político, sino como un deber moral y estatal.
El costo inmediato de esa depuración puede ser alto: menos votos, menos posiciones y menos control territorial; sin embargo, el costo de no actuar es mucho mayor: la pérdida definitiva del Estado de Derecho. La infiltración criminal, tanto nacional como transnacional, se combate con integridad. Esto requiere inteligencia, cooperación internacional y acciones penales ejemplares contra quienes utilizan la política como refugio para el delito.
Cada homicidio selectivo es una advertencia y aliarse con el crimen es renunciar a la soberanía. México enfrenta una encrucijada decisiva: recuperar la autoridad moral del Estado ahora, o en las elecciones de 2027 y 2030, la delincuencia afianzará su papel como un actor más en el sistema público. El crimen organizado ha comprendido que el poder político es su mejor protección; ahora corresponde al Estado y los partidos entender que despojarse de ese “capital criminal” es el único camino para reestablecer el control del país.
