La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a miembros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California por su supuesta implicación en el robo de 180 kilogramos de cocaína, que ocurrió el 4 de octubre en Ojo de Agua, Tijuana.
Según las declaraciones oficiales, la investigación con el número FED/BC/TIJ/0002996/2025 se inició después de que una cámara de videovigilancia registrara a los presuntos culpables del robo, quienes utilizaban vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).
Las imágenes obtenidas han sido cruciales para que el órgano de control interno comenzara un examen sobre el comportamiento de los agentes involucrados.
Hasta el momento, la información preliminar indica que el suceso sucedió cuando un grupo de traficantes intentó trasladar el cargamento de cocaína sin pagar el “derecho de paso” a una organización criminal local. Las primeras investigaciones sugieren que los policías estatales colaborarían con miembros del Cártel de los Arellano Félix (CAF) para hacerse con el cargamento.
Fuentes consultadas por el Semanario Zeta indican que los 180 kilogramos de cocaína iban a ser transportados “por la libre”, lo que provocó la intervención de los uniformados en posible colusión con el CAF.
La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 20 de octubre que el caso está siendo manejado por la FGR, y que la Fiscalía General del Estado (FGE) está colaborando con las autoridades federales. “Como mencionó el secretario de Seguridad Ciudadana, el general Laureano Carrillo Rodríguez: la investigación se enfoca directamente contra agentes de la FESC, según los análisis de inteligencia. Cualquier acto indebido tendrá consecuencias,” afirmó la funcionaria.
Andrade Ramírez subrayó que su institución está alerta ante posibles actos de corrupción policial, además de que se están investigando a “otras corporaciones que afectan la labor de la mayoría de los agentes íntegros”. Respecto a los mensajes ominosos que aparecieron en Tijuana y Playas de Rosarito, mencionando su nombre, la fiscal aclaró que no estaban dirigidos específicamente a ella: “No es un ataque personal. Menciona mi nombre, pero no vamos a caer en ese tipo de provocaciones. Este es un asunto serio y seguimos trabajando”, aseguró.
Mientras el proceso avanza, algunos agentes de la FESC mencionados en la investigación han emitido una carta pública donde denuncian supuestas irregularidades en la indagatoria. En el texto, afirman que “se impusieron suspensiones y medidas disciplinarias sin una investigación formal o evidencias que respalden nuestra implicación”.
Los policías argumentan que el único vehículo KIA blanco de la corporación, presentado en los videos del incidente, pertenece a la Coordinación Interinstitucional y Relaciones Internacionales, unidad bajo el mando de un militar. Este argumento busca exonerar a los agentes operativos de la FESC de cualquier participación directa en el incidente.
