Detención de Delinquentes en Baja California
La Fiscalía General de Justicia del estado de Baja California (FGEBC) anunció la vinculación a proceso de Óscar Manuel “N”, conocido como “El Chaparro Lugo”, y de Eduardo Agustín “N”, apodado “La Pili”, por los delitos de homicidio calificado por ventaja y homicidio calificado en grado de tentativa.
Violencia en San Felipe
Estos individuos han sido identificados como los principales responsables de la violencia en el municipio de San Felipe y se les atribuye el asesinato de Abel Roberto Román Bojórquez, nieto de la madre buscadora Patricia Orozco, fundadora del colectivo “Tu madre sigue tu lucha Birzvit Román”.
Operativo Policial
María Elena Andrade Ramírez, fiscal general del estado, informó que, en el transcurso de las investigaciones, también se detuvo a Abraham Alexis “N”, conocido como “El Pelo Cochi”.
Prisión Preventiva
Se dictó prisión preventiva para los detenidos, y se estableció un periodo de cuatro meses para llevar a cabo más investigaciones y fortalecer la carpeta de casos pendientes.
Criminalidad Extrema
La fiscal Andrade Ramírez enfatizó que los acusados están involucrados en delitos marcados por una violencia extrema. Mencionó casos como un triple homicidio ocurrido el 29 de mayo en un campo de béisbol, donde se encontraron tres cuerpos apilados, así como otro asesinato en un vehículo Tacoma negro el 6 de julio de 2025, y la muerte de Abel Roberto Román Bojórquez el 8 de septiembre del mismo año.
Investigaciones Abiertas
La Fiscalía continúa la investigación debido a la posible conexión de los detenidos con otros delitos de alto impacto en la localidad. Andrade Ramírez subrayó la brutalidad de los crímenes y la posible implicación en el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego de uso federal en San Felipe.
Reacción Comunitaria
El asesinato de Abel Roberto Román Bojórquez, un joven de 18 años, ocurrió el 8 de septiembre en San Felipe, al llegar a casa de su abuela. Más de 90 colectivos y 134 familias expresaron su repudio al crimen, exigiendo el fin de la violencia. La frustración se incrementó al recordar que Patricia Orozco había solicitado medidas de protección luego de recibir amenazas, pero el Mecanismo Estatal de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no activó las protecciones requeridas.
