El ataque contra la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, evidenció una ola de agresiones hacia los gobiernos de Morena en esta región, que se extiende a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El miércoles 17 de mayo de 2023, hombres armados abrieron fuego contra el conductor de una camioneta pick-up blindada, pensando erróneamente que la presidenta municipal se encontraba a bordo; en realidad, solo viajaba un escolta. Ese mismo día, Caballero Ramírez decidió modificar su ruta a última hora.
Una de las balas impactó el vidrio blindado, causando lesiones leves al escolta.
Las investigaciones realizadas por la FGE apuntan a que el atentado fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algo que la exalcaldesa atribuyó a los esfuerzos de la Policía Municipal, que realizan decomisos de armas y capturan a presuntos homicidas.
Caballero Ramírez afirmó que no se dejaría amedrentar y reafirmó su compromiso de luchar contra el crimen organizado en Tijuana.
El 12 de junio de 2023, siguiendo recomendaciones de la Guardia Nacional, la exalcaldesa se trasladó a residir al cuartel del 28 Batallón de Infantería por razones de seguridad, y desde entonces se desplazaba en un vehículo blindado acompañado de al menos cinco unidades de la Guardia Nacional.
Incendios en negocios
La madrugada del lunes 20 de febrero de 2024, los bomberos de Tijuana respondieron a varios incendios en tres smoke shops, establecimientos dedicados a la venta de vapeadores. Se informó que desconocidos lanzaron bombas molotov para iniciar los fuegos. Dos de los locales sufrieron daños en sus fachadas, mientras que uno fue consumido por completo. Además, un cuarto local en la avenida Ermita fue víctima de un ataque armado.
La FGE dio a conocer que un ciudadano estadounidense, propietario de tres de estos negocios, no quiso presentar cargos y desconocía los motivos de los incendios. Las investigaciones sugirieron que estos ataques podrían estar vinculados con extorsiones o el famoso “cobro de piso”.
Ataques a la FGE
En 2025, las acciones violentas aumentaron y comenzaron a dirigirse de manera explícita contra la Fiscalía. La noche del viernes 19 de septiembre, hombres armados ingresaron a las instalaciones de la FGE en Ensenada, golpeando al vigilante e incendiando tres patrullas y otros vehículos estacionados.
El 21 de octubre se registró un ataque similar en Tijuana, donde se lanzaron bombas molotov contra vehículos oficiales en la Unidad de Robo de Vehículos y en la Unidad Antisecuestros, destruyendo un vehículo blindado RINO. No hubo víctimas, ya que no había personal en ese momento. Un agente ministerial comentó que posiblemente los atacantes usaron drones para vigilar y así actuar sin resistencia.
Ejecución de un mandado de la FGE
Antes de las 7 de la mañana del viernes 10 de octubre, se reportó el asesinato del agente Humberto Antonio Martínez Corrales, subcomandante de la FGE en Playas de Rosarito, quien fue atacado por la espalda con armas largas. Hasta el momento, no hay detenidos.
En sus honras fúnebres, la fiscal Andrade Ramírez reiteró que su muerte es resultado de las recientes capturas de criminales y que ni la institución ni ella tienen compromisos con nadie. El 15 de octubre, se escucharon disparos nuevamente en las oficinas de la Unidad Antisecuestros, donde se especuló que se lanzaron explosivos al patio de estacionamiento.
Testigos informaron que drones sobrevolaron la zona y que los agresores utilizaron explosivos con clavos, metal, balines e incluso canicas llenas de pólvora. Las imágenes captadas muestran que estos artefactos fueron soltados desde varios kilómetros de distancia, detonando al impacto.
Este tipo de ataques con drones y explosivos artesanales han sido comparados por las autoridades con tácticas utilizadas en estados como Jalisco o Michoacán. Hasta ahora, ningún grupo delictivo ha reclamado la autoría de este atentado, que las autoridades atribuyen a represalias por los arrestos de líderes criminales. Andrade Ramírez enfatiza que la FGE continuará operando sin compromisos.
