La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha incorporado a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, en su lista de personas bloqueadas, y ha instruido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a congelar sus cuentas bancarias.
Esta medida se tomó conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, resultando en la suspensión de los servicios bancarios y el congelamiento de las cuentas que la exalcaldesa de Rosarito tiene a su nombre.
La decisión es consecuencia de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), parte de la SHCP. Esta investigación se inició tras la alerta emitida el 18 de septiembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó financieramente a personas y empresas supuestamente vinculadas a una de las redes del Cártel de Sinaloa.
Brown Figueredo ha interpuesto una demanda de amparo en un Juzgado de Distrito en Baja California, específicamente en Tijuana, argumentando que la inclusión en la lista de personas bloqueadas y el congelamiento de sus recursos son actos ilegales.
Las sanciones por parte de la autoridad estadounidense han señalado a empresas y personas que posiblemente están ligadas a la facción de Los Mayos, operada por René Arzate García, conocido como “la Rana”, en Rosarito, entre las que se encuentran el empresario Jesús González Lomelí y sus socios, Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez.
Además, se destaca la supuesta implicación de Hilda Araceli Brown Figueredo y Candelario Arcega en esta red. Según la información del Tesoro, Arcega es descrito como un agente político vinculado al Cártel de Sinaloa con el objetivo de corromper y controlar el gobierno municipal de Rosarito, especialmente a través de la exalcaldesa Brown.
La OFAC ha señalado que Arcega mantiene una relación cercana con Brown, lo que le ha permitido ejercer influencia dentro del gobierno municipal y posicionar a sus aliados en altos cargos. La colaboración entre González, Arcega y Brown habría facilitado la recaudación de extorsiones y la protección de las actividades ilegales de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.
A pesar de sus intentos de desvincularse de las acusaciones, afirmando desconocer detalles sobre el congelamiento de cuentas y que no tuvo problemas al cruzar a Estados Unidos antes de su inclusión en la “lista negra”, Brown ha confirmado que sus cuentas han sido inmovilizadas en al menos dos bancos a través de la demanda de amparo.
