El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que su país se encuentra en una guerra “no internacional” contra los cárteles de la droga, a quienes considera ahora “combatientes ilegales”. Esta información proviene de un memorándum enviado al Congreso y que ha sido filtrado a diversos medios.
El New York Times fue el primero en informar sobre esta decisión, que surge tras las acciones de las fuerzas estadounidenses, las cuales hundieron al menos tres lanchas que presumiblemente transportaban drogas en aguas internacionales del Caribe, resultando en la muerte de 17 personas. Dos de estas embarcaciones supuestamente habían partido de Venezuela. Un grupo de senadores demócratas ha solicitado aclaraciones a la Casa Blanca sobre la legalidad de dichas operaciones, recordando que el Congreso debe autorizar al presidente para emprender ataques militares, conforme a la ley estadounidense sobre poderes de guerra.
De acuerdo con el New York Times, el memorándum, que es confidencial, fue remitido a múltiples comités del Congreso esta semana. En él, se establece que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, los cuales han sido designados como organizaciones terroristas, y sus miembros considerados “combatientes ilegales”.
Bajo un conflicto armado, una nación puede atacar a los combatientes de otra nación, incluso si no están en combate, así como detenerlos y someterlos a juicios militares. Al calificar la campaña contra los cárteles como un conflicto armado, la administración Trump parece buscar poderes de guerra extraordinarios para justificar sus ataques en el Caribe. Expertos y organizaciones de derechos humanos han calificado estos ataques como ilegales.
Según reportes de AP, funcionarios del Pentágono no han podido proporcionar una lista de las organizaciones terroristas incluidas en este conflicto no internacional, lo que ha generado frustración entre algunos legisladores informados sobre el memorándum. Varios senadores percibieron la presentación de la administración como un intento de crear un nuevo marco legal que plantee dudas sobre el rol del Congreso en la autorización de tales acciones.
El primer ataque se llevó a cabo el 2 de septiembre, y fue anunciado por Trump en una comparecencia en la Oficina Oval. En ese momento, el presidente afirmó, sin proveer evidencia pública, que los once individuos a bordo, quienes murieron en el incidente, pertenecían al grupo delictivo venezolano Tren de Aragua. La administración Trump incluyó a este grupo en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a principios de este año, argumentando que la entrada de drogas en Estados Unidos ha alcanzado niveles peligrosos que justifican una acción militar.
Cerca de 100.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis, principalmente debidas al fentanilo, que mayoritariamente proviene de México, según los expertos, y no de Venezuela. Sin embargo, el narcotráfico se ha convertido en un argumento clave de Washington para incrementar la presión sobre el gobierno venezolano, al que se asocia con actividades delictivas. Trump ha elevado a cincuenta millones de dólares la recompensa por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El abogado militar retirado Geoffrey Corn, quien fue asesor principal del Ejército sobre derecho bélico, ha señalado que los cárteles no se involucran en “hostilidades” contra Estados Unidos, porque la venta de drogas no equivale a un combate. La existencia de hostilidades es el criterio utilizado para determinar un conflicto armado legalmente. Además, es ilegal que las fuerzas armadas ataquen deliberadamente a civiles involucrados en delitos si no están participando en hostilidades, según el abogado.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, comentó sobre los ataques a las lanchas, afirmando que “el presidente actuó conforme a la ley de conflicto armado para proteger a nuestro país de quienes intentan llevar veneno mortal a nuestras costas y está cumpliendo su promesa de enfrentar a los cárteles para prevenir que estas amenazas contra la seguridad nacional causen más muertes entre estadounidenses”.
El memorándum indica que Trump ha “determinado” que los cárteles de la droga son “grupos armados no afiliados a un Estado” que han realizado “ataques armados contra Estados Unidos”, describiendo la rivalidad como un “conflicto armado no internacional”, un término que se refiere a enfrentamientos contra entidades que no son naciones.
“Basándose en el efecto acumulativo de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y países amigos, el presidente ha determinado que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con estas organizaciones designadas como terroristas”, concluía el memorándum.
