Durante el II Foro Nacional de Ciberseguridad, realizado en la Universidad Panamericana los días 25 y 26 de septiembre, se destacó la necesidad urgente de establecer normativas claras sobre ciberseguridad en México, un mensaje respaldado por actores de la industria tecnológica, académicos y autoridades. Este evento fue organizado por la Alianza México Ciberseguro.
Los ponentes enfatizaron que la creciente digitalización en áreas como servicios públicos, comercio y salud requiere una legislación general, asignación de presupuesto y mecanismos de cooperación que actualmente no están adecuadamente desarrollados.
El foro reunió a representantes del sector público, reguladores, cámaras empresariales y firmas de seguridad, buscando transformar la conversación en acciones concretas y una propuesta legislativa que refleje las necesidades del ecosistema. Participaron entidades como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, junto a empresas patrocinadoras y organismos internacionales. Se hizo énfasis en la urgencia de crear una política nacional consensuada.
Ernesto Ibarra, fundador de la Alianza México Ciberseguro, subrayó que “la estrategia nacional de ciberseguridad debe construirse a partir de esta plataforma colaborativa”, destacando la importancia de la alianza como un punto de encuentro entre diferentes sectores.
Existen 40 propuestas legislativas
El llamado a la regulación nace de preocupaciones específicas, como la falta de un marco legal unificado, lagunas en capacidades técnicas y la presión de actores internacionales y acuerdos comerciales que exigen directrices claras. Luis Miguel Dena, presidente del Comité de Premiación de la Alianza, consideró inaceptable la ausencia de una ley general tras tantas décadas de esfuerzos.
Para los reguladores y organismos financieros, la conversación no se limita a seguridad, sino que también abarca la necesidad de equilibrar regulación e innovación. Luis Lima Gómez, director general de Supervisión de Seguridad de la Información en la CNBV, explicó que aunque la digitalización aporta beneficios, también incrementa la superficie de ataque y exige actualizaciones constantes.
Otras prioridades en la agenda
Desde la industria, se insiste en que el desarrollo de la ley debe incorporar contribuciones técnicas y sectoriales para evitar repercusiones negativas en la innovación y el comercio digital. Armando Zúñiga Salinas, director general de Grupo International Private Security de México y representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó que el marco normativo ha ido construyéndose a través de una colaboración entre los sectores público y privado, así como la academia, pero no se ha concretado aún en una legislación.
Las propuestas discutidas en el foro incluyeron además de una ley general de ciberseguridad, marcos específicos sobre inteligencia artificial y derechos digitales, la creación de capacidades estatales, inversión en talento y mecanismos de intercambio internacional de evidencia forense. Dena resumió que “la alianza promoverá una ley general de ciberseguridad, una ley general de inteligencia artificial y una ley general en derechos digitales”.
A pesar de los avances fragmentarios, de una voluntad política incipiente y de una industria dispuesta a colaborar, México carece de un marco legal y presupuestario que materialice esa colaboración en una capacidad nacional sostenida. Ibarra concluyó que “la ciberseguridad es una tarea colectiva” y exhortó a sumar esfuerzos para convertir el diagnóstico en legislaciones y programas efectivos.
