La Inseguridad en Baja California: Un Problema de Gestión Gubernamental
Existen situaciones difíciles en cuanto a la inseguridad en Baja California; sin embargo, otras son directamente responsabilidad de los gobiernos, los cuales fallan en mejorar la capacidad operativa de la policía.
Una de las decisiones iniciales de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fue reactivar el controvertido proyecto de Francisco “Kiko” Vega, denominado C5I, contratando a la misma empresa que trabajó con el último gobernador panista: Seguritech.
A pesar de que el Poder Ejecutivo ha prolongado el contrato del proyecto por cinco años a través de la Oficialía Mayor, los argumentos de seguridad no cuentan con respaldo en estudios jurídicos especializados, los cuales no se presentan para evitar la auditoría a los casi dos mil millones de pesos gastados en la instalación de cámaras y la modernización del sistema de vigilancia.
Lo que algunos consideran una excelente inversión resulta cuestionable para los actores directamente implicados en la seguridad, especialmente considerando que Baja California ocupa el último lugar en fuerza policial en el país.
Conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, la entidad tiene una alarmante proporción de sólo 0.2 policías por cada 100 mil habitantes, en comparación con los cuatro agentes por el mismo número de habitantes en la Ciudad de México.
En cuanto a la Policía Municipal, Baja California se encuentra en penúltimo lugar, manteniendo también un índice de 0.2 agentes por cada 100 mil habitantes, mientras que la Ciudad de México cuenta con 3.4. Solo Coahuila presenta cifras más bajas, aunque compensa con aproximadamente 0.63 agentes estatales.
Por lo tanto, el cuerpo operativo de seguridad de la gobernadora es el más reducido del país, con unos 880 agentes de la FESC, de los cuales casi la mitad están asignados a tareas administrativas y de seguridad personal.
A pesar de liderar en indicadores salariales, ya que los agentes estatales ganan alrededor de 28 mil pesos, el estado enfrenta una grave falta de personal. En Mexicali, la única opción viable que se ha presentado en los últimos dos años ha sido la creación de una Academia de Policía que no depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que las escasas generaciones de poco más de 200 agentes no logran cubrir las vacantes existentes en todas las corporaciones de la entidad. Otros municipios tampoco han generado planes, a pesar de enfrentar el mismo problema.
No hay suficientes policías y el interés por unirse a la fuerza policial continúa disminuyendo. Los salarios y beneficios son poco atractivos para los jóvenes actuales, y las administraciones recientes no han logrado revitalizar la carrera en seguridad pública.
Aunque la política de Abrazos no Balazos fue dejada de lado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tampoco se ha promovido una estrategia efectiva de reclutamiento policial; por el contrario, los gobiernos de Morena han debilitado las policías locales para fortalecer una Guardia Nacional ineficaz que ha producido resultados insatisfactorios en materia de detenciones.
Es alarmante que la estrategia de seguridad de la entidad no contemple el aumento en la fuerza policial de Baja California, que se mantiene igual o incluso inferior a la de hace una década, a pesar del crecimiento poblacional.
