Tijuana, BC. Con la llegada del otoño, la ciudad está agotando los últimos litros de agua del Río Colorado que obtiene gracias al Tratado de Aguas Internacionales firmado con Estados Unidos en 1944. Tijuana tiene derecho a recibir 80 millones de metros cúbicos al año, pero desde 2016 ha estado consumiendo 190 millones anualmente debido a su acelerado crecimiento. A partir del primero de octubre de cada año, si necesita agua, debe adquirirla al Distrito de Riego 014.
Este distrito, que abarca el Valle de Mexicali y llega hasta San Luis Río Colorado, en Sonora, es el único que no firmó el Plan Hídrico Nacional, promovido por el gobierno federal para reorganizar las concesiones de agua a nivel nacional. El banco de agua, una entidad que gestiona los excedentes de quienes han dejado de producir o que buscan “descansar” sus tierras, se encarga de la venta de agua a empresas, desarrolladores industriales y ciudades como Tijuana.
El costo del agua se establece en 13 pesos por metro cúbico, según diversas fuentes consultadas por La Jornada Baja California. Al inicio del año, se intentó que Tijuana comprara agua a Donald Trump a este precio, pero la venta no se concretó. El banco de agua opera en medio de complejas dinámicas económicas y políticas, y su funcionamiento depende de la colaboración de ciertos funcionarios, señala Marco Aurelio Gámez, quien ocupó el cargo de jefe del Distrito de Riego 014 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace una década.
“Los agricultores, a través de sus 22 módulos de riego, han creado su propio banco de agua. Están aliados con Julio Navarro, un personaje problemático que facilita operaciones dentro del distrito. Por ejemplo, el módulo 20 tiene derecho a regar 100,500 hectáreas, aunque actualmente solo riega 800,000 hectáreas. Esto lo convierte en un módulo que puede vender agua”, explica Gámez.
“En el módulo 16, que está ocupado por la conocida zona dorada de Mexicali, se construyen fraccionamientos de alto costo. Otros módulos, como el 12 o el 21, tienen menos agua. Al concluir el ciclo agrícola, se distribuye el agua entre los diferentes operadores, incluyendo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y empresas como Coca Cola, mientras que el banco de agua cobra un 7% por las transacciones. Este tráfico de agua es un secreto conocido en el Valle de Mexicali, ya nadie se sorprende”, añade.
“Cuando el gobierno federal solicita que el agua se destine prioritariamente al consumo humano, la respuesta es negativa. Esto afectaría las ganancias de un pequeño grupo de agricultores y funcionarios que se benefician del negocio del agua”, concluye Gámez.
El documento que fue rechazado señala que los 22 módulos del distrito habrían recibido un “programa de rehabilitación” valorado en 400,000 millones de pesos para mejorar canales y procesos. Esto permitiría recuperar agua que se usaría para abastecer a los municipios costeros que dependen del acueducto Río Colorado-Tijuana.
