La nueva red criminal "Boardwalk
La nueva red criminal “Boardwalk Empire” está dirigida por 15 empresas ligadas a la facción criminal de “La Mayiza” en Baja California | Jovani Pérez / Infobae México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) han designado recientemente a individuos y empresas en Playas de Rosarito, Baja California, por presuntas actividades de lavado de dinero, corrupción política y soporte a actividades criminales relacionadas con la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Hilda Araceli Brown Figueredo, una legisladora altamente cuestionada.

Entre los implicados se destacan los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”. Las autoridades de México y Estados Unidos los identifican como agentes directos de Ismael “El Mayo” Zambada, encargados de coordinar a Los Mayos en la costa del Pacífico.

La estructura criminal se beneficia del respaldo de Jesús González Lomelí, un empresario local dueño de bares y restaurantes en la región, como Bombay Beach Club y Coco Beach Club. Estos negocios, junto con otros establecimientos turísticos, han sido utilizados como plataformas para el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico.

González además actúa como financista para los Arzate y como enlace con otros líderes del Cártel de Sinaloa, lo cual ha robustecido la infraestructura económica de la organización delictiva en la región.

Durante más de diez años, Los Arzate García han mantenido control territorial en Tijuana, Rosarito y Tecate, supervisando las rutas para el tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California. Según informes de la DEA y la Fiscalía General de la República (FGR), su influencia está sustentada por un aparato armado local y una red financiera que les permite blanquear importantes sumas a través de negocios aparentemente legales.

Tanto “El Aquiles” como “La Rana” están enfrentando procesos judiciales en cortes federales en Estados Unidos por tráfico de drogas, siendo listados por la DEA como fugitivos buscados. Sus nombres están implicados en investigaciones sobre conflictos violentos en Baja California y el control del cobro de extorsiones en la zona turística de Rosarito.

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